Nuestros vecinos

Mario Matus G. 364 La principal diferencia es que mientras las primeras son relativamente fáciles de conseguir a mediano plazo, las segundas requieren dos requisitos fundamentales: 1) una cierta acumulación de experiencias previas (cultura empresarial adecuada, una historia de buenas reglas del juego, un entorno de alta seguridad jurídica y de sobe- ranía de la ley, un Estado de Derecho, disponibilidad de factores críticos en la es- tructura de costes –infraestructura, capital humano y mercado de capitales relati- vamente desarrollado) y 2) capacidad de implementación discrecional y flexible de estas políticas, dado que muchas de ellas incluyen externalidades negativas (como el libre acceso a capitales de cualquier naturaleza, privatizaciones realizadas sin un marco regulatorio previo, movimientos muy volátiles en el tipo de cambio, desregulación excesiva que acarrea la aparición de prácticas monopólicas, etc). En síntesis, la principal crítica que se le puede hacer al decálogo contenido en el Consenso de Washington es su superficialidad, ya que intenta arraigar mecanismos que se cree forman la base de una economía de mercado, pero ignora que esas políticas son prácticamente inservibles cuando los fundamentos institucionales y los comportamientos generalizados en una economía no son homologables al mer- cado, o dicho de un modo más brutal, cuando el mercado brilla por su ausencia. Desde ese punto de vista, los alcances y los frutos del Consenso de Washington en las nuevas políticas económicas de Bolivia, no podían sino ser modestos. Como se ha señalado en otra oportunidad, «las reformas estructurales estuvie- ron demasiado circunscritas a las metas del Consenso de Washington, y si bien contenían algunas medidas de sentido común –especialmente las que buscaban restablecer los equilibrios macroeconómicos y apuntalar la disciplina fiscal– no eran capaces en sí mismas de proporcionar las capacidades, los agentes y las reglas del juego que debían anteceder a la apertura del comercio, al surgimiento de un importante sector exportador y a la privatización de antiguos monopolios estata- les en servicios de energía, telecomunicaciones y transporte. En efecto, el decálogo de medidas contenidas en el Consenso de Washington daba por sentado que los países contaban con un aparato institucional favorable a las fuerzas de una econo- mía de mercado y que él se manifestaba en un empresariado moderno y en un sector público altamente profesionalizado en sus funciones económicas. La realidad es que Bolivia no contaba ni con una cosa ni con la otra, ni tampoco con un mercado que sirviera de plataforma a la apertura externa, de manera que en el mejor de los casos, la aplicación de estas recetas pudo mejorar el entorno de los equilibrios básicos, pero no pudo activar la actuación de unos agentes en gran medida inexistentes y que obedecían a reglas del juego parcialmente antagónicas al espíritu de los requerimientos de las metas del consenso. Desde este punto de vista, las reformas estructurales fueron bien intencionadas, pero o bien se concentraron en objetivos de estabilización macroeconómica, o bien sobreestimaron el efecto transformador de sus principales instrumentos de política, mientras que subestimaban las lagunas o fallos institucionales, la ausencia de un grupo empresarial con rasgos propiamente capitalistas y la extrema debilidad del mercado interno. El corolario es que sin mercado, empresariado moderno y pautas de comportamiento acordes a él, las reformas liberalizadoras se yuxtapusieron so- bre una plataforma débil y no fueron capaces de fundar mercados reales. Paralelamente, las reformas estructurales no articularon instrumentos macroeconómicos dirigidos a fortalecer las micro y pequeñas empresas, a mejorar