Nuestros vecinos

Las instituciones económicas del atraso de Bolivia 363 patrón productivo y exportador. La privatización de empresas públicas no siempre se ha desarrollado en un entorno libre de cuestionamientos, dado su escaso grado de transparencia, tributos descendentes y constitución de monopolios privados en reemplazo de monopolios estatales. Las empresas eléctricas, ferroviarias, aéreas, de telecomunicaciones, de transporte, de petróleo, de gas, de agua potable y de la mayor parte de la minería y la actividad petrolera tuvieron resultados muy diver- sos. En algunos casos, como en las telecomunicaciones, las AFP’s, las empresas eléctricas y de hidrocarburos, se ha cumplido con los planes de inversión compro- metidos por las empresas y éstos han generado importantes modernizaciones que han redundado en una mejora de los servicios. No tan favorable ha sido el resulta- do de las empresas de transporte –especialmente las ferroviarias– y menos aún lo fue el caso de las empresas de agua potable. En todo ello, ha sido clave el bajo perfil cumplido por las superintendencias y el establecimiento de redes paralelas y semiformales de comunicación de las empresas con los viceministerios. Lo más preocupante, empero, es el excesivo volumen y bajo perfil de la microempresa –que constituye el 99,6% de las unidades productivas (FUNDES, 2003), absorbe el 83% de la fuerza laboral pero contribuye con menos del 25% al PIB. La mayor parte de estas microempresas se asocia a unidades de autoempleo, cuyo rol es de amortiguación del desempleo, pero que elevan el porcentaje de subempleo (33% de la población activa). Son unidades de muy baja productividad y escasa generación de valor, que absorben una buena parte de la migración hacia las ciudades (Barbens, 2003). A eso se suma la delgadez de la PYME, que compone un 0,3% del total, contribuye con un 10% al PIB y absorbe cerca del 10% de la fuerza laboral. La mayor parte del tejido empresarial de la MIPYME vive asociada a la informalidad (60% del PIB), según estimaciones (Jiménez, 2001). En contraste, la gran empresa conforma el 0,05% del total de las 501.567 unidades productivas, aporta un 65,3% al PIB y absorbe sólo un 7% de la fuerza laboral. Este conjunto de situaciones revela que Bolivia ha logrado desarrollar –con mucho esfuerzo y sin plena claridad de su sostenimiento– algunos instrumentos de políti- ca que al menos impedirían un agravamiento de los efectos –en sí mismos preocupantes– de una fase descendente del ciclo comercial externo. Pero Bolivia no se encuentra en disposición de articular políticas contra-cíclicas, de sostener condiciones para una yuxtaposición de ciclos exportadores, ni de implementar estabilizadores automáticos u otro tipo de instrumentos que reduzcan de modo sensible el elevado grado de vulnerabilidad externa y permitan reducir el impacto de una fase recesiva y adelantar la de recuperación. Esto nos obliga a analizar el grado de implantación y adecuación de los diseños propuestos en el llamado Consenso de Washington. Si se agrupan las principales medidas contenidas en este programa de acción, se puede advertir que una buena parte de ellas se dirige a conseguir una mínima estabilidad macroeconómica (disci- plina fiscal, mejor recaudación tributaria y control de la inflación) mientras que otras en realidad están orientadas a generar un salto cualitativo en las capacidades productivas (estímulo a las exportaciones, unificación y liberalización del tipo de cambio, eliminación de restricciones a la inversión extranjera, privatización de las empresas estatales, desregulación de la mayor parte de las actividades económicas y cumplimiento de los derechos de propiedad, con el fin de alentar el nuevo protagonismo del Sector Privado).