Nuestros vecinos

Carlos Bustos 200 El Gobierno de Daza desconoció flagrantemente las obligaciones que su país había suscrito en 1874, al imponer un nuevo impuesto que constituía una abierta violación del art. 4°del Tratado. De esa manera, literalmente arrojó a Bolivia de bruces a la guerra del Pacífico. Durante largos meses la diplomacia chilena hizo esfuerzos para obtener que el Gobierno de La Paz derogara el nuevo tributo o aceptara llevar el tema a una instancia arbitral. Daza siguió adelante y en un mo- mento dado dispuso que fueran embargadas las instalaciones de las compañías chilenas y de capitales mixtos. Ante la reiterada violación de los compromisos contraídos por Bolivia y en vista de la absoluta negativa del General Daza de buscar una solución por negociaciones diplomáticas o por un medio de solución pacífica de controversias, el Gobierno chileno decidió actuar en legítima defensa de los intereses de sus nacionales. El 12 de febrero de 1879, ante el fracaso de sus sucesivos esfuerzos de solución del diferendo generado por la actitud boliviana, el representante diplomático chile- no, Pedro Nolasco Videla, dirigía una nota al Canciller Doria Medina «pidiendo sus pasaportes» y expresando que «esta ruptura es obra exclusiva del gobierno de U.S. que, habiendo propuesto dos veces el arbitraje establecido en el Pacto vigente, las mismas dos veces ha olvidado su propuesta, después de haber sido ella aceptada por mi gobierno con su reconocida lealtad» Agregaba, que «roto el Tratado de 6 de agosto de 1874, porque Bolivia no ha dado cumplimiento a las obligaciones en él estipuladas, renacen para Chile los derechos que legítimamente hacía valer antes del Tratado de 1866, sobre el territo- rio a que ese Tratado se refiere». (Anexos del Contra Alegato de la República de Chile», pág. 103. El día 14 de febrero de 1879, las fuerzas chilenas desembarcaban y ocupaban la ciudad de Antofagasta, sin excesos ni violencias. El Coronel Emilio Sotomayor, al mando de las tropas de desembarco, enviaba una atenta nota al Coronel Severino Zapata, Prefecto boliviano, manifestando su anhelo de efectuar una ocupación pa- cífica y de evitar cualquier «accidente desgraciado». La documentación oficial peruana de la época muestra antecedentes muy cate- góricos acerca de las reales intenciones de Lima en esos momentos. Un elementos muy ilustrativo lo encontramos en dos notas que despacha a Santiago y Buenos Aires, el 26 de marzo, el Canciller peruano Manuel Irigoyen. En una nota dirigida al plenipotenciario acreditado en Santiago, Sr. Lavalle, el Ministro le señala que debe continuar sus contactos con el Canciller chileno Sr. Fierro, señalando que «debemos considerar como prematura la neutralidad que se reclama» (pág. 145). El mismo día, instruye a su representante en Buenos Aires, Sr. De la Torre, para que siga esforzándose por obtener la participación argentina en el conflicto chileno-boliviano, señalándole que apoye planteamientos que supuesta- mente estaba haciendo Bolivia para ofrecer a Argentina los territorios que van desde el paralelo 24° al 27° (enormes cantidades de kms. de costa y pampa chile- nos), «en cambio de los servicios que preste dicha República para recuperar el territorio reivindicado, el 14 de febrero último, por las fuerzas chilenas». Se aprecia una manejo muy turbio de la situación y un anhelo de producir un incalificable desmembramiento del territorio de Chile. Diversos estudiosos de la situación que se vivió en esos días y meses en Chile