Nuestros vecinos

Gustavo Fernández Saavedra 160 Chile, de 2.5 billones de dólares, ese mismo año, equivale a 157 dólares por habi- tante, muy por encima de Colombia, que gasta 78 dólares por habitante y de Brasil que alcanza a 43 dólares. El gasto militar de Bolivia, por debajo del promedio regional, es inexpresivo, pero eso se debe a sus restricciones presupuestarias. El nivel del comercio exterior bilateral entre los países del área, como porcentaje del total, es notoriamente bajo para economías vecinas, teóricamente complementarias. En ningún caso supera el límite del cinco por ciento. Las exportaciones de Chile a Bolivia y las de Bolivia a Chile se estancan en el dos por ciento, mientras que las colocaciones del Perú en Chile y las de Chile en Perú giran en torno al cuatro por ciento. En el plano bilateral boliviano-chileno las cosas no mejoran. Cada uno de los problemas que figuran en la agenda –normales en cualquier otra vinculación entre países vecinos– adquiere contornos conflictivos y se denuncia en los medios de comunicación como prueba de la codicia y mala fe del otro. Así se ve el desequili- brio en la composición y el valor del comercio entre Bolivia y Chile; la discusión sobre la naturaleza de las aguas del Silala –río de curso internacional para Chile, manantial para Bolivia–; la privatización de los puertos chilenos que atienden el comercio boliviano y, sobre todo, la existencia de miles de minas terrestres en el territorio chileno fronterizo con Bolivia. En realidad, las que podrían ser oportu- nidades de cooperación se convierten en áreas de confrontación. La experiencia reciente sobre la posible instalación de una planta de licuefac- ción de gas natural boliviano, para su exportación al mercado de California, mues- tra el punto al que puede llegar la animosidad recíproca. Los gobiernos de ambos países negociaron un régimen aparentemente favorable a ambos: una Zona Econó- mica Especial, en la que se aplicaba la ley boliviana, incluía una terminal marítima construida y operada por una empresa boliviana, con grandes inversiones y pers- pectivas sumamente interesantes. La ciudadanía boliviana y más tarde el propio Gobierno condicionaron la viabilidad del proyecto a la previa solución de la de- manda de reintegración marítima soberana. El Perú hizo todo lo que estuvo a su alcance para evitar que la idea prosperara, ofreciendo ventajas que olvidó tan pronto murió la perspectiva. Una declaración inoportuna –«tenemos paz, pero no amis- tad»– desencadenó una confrontación verbal que terminó en la explosión de mal- humor presidencial en la Cumbre de Monterrey de 2003. Como medio de presión adicional, el gobierno boliviano llamó a un referendo en el que se consagró el principio de que no habrían oferta de gas ni negociaciones comerciales si es que no se atendía la demanda marítima y, más tarde, se proclamó la fórmula de «ni una molécula de gas para Chile, sin mar». Las ventajas estaban ahí, a la vista de todos. Pero Bolivia prefirió perder una opción de exportación anual, que duplicaba las ventas de ese año. Esa reacción da una medida de la profundidad del encono y desconfianza que prevalece en la región. No es la primera vez que se retrocede y se pierde una oportunidad. Pero esta vez debiera ser diferente. Los tres países tendrían que sacar las lecciones que dejó la experiencia frustrada. Y eso comienza por identificar con claridad el problema –o los problemas– que están pendientes.