Generación de Diálogo Chile-Perú / Perú-Chile: documento 4: aspectos migratorios

24 | Capítulo I | Transformaciones sociales a partir de los nuevos procesos migratorios Estado determinar los criterios que definen quiénes pueden y quiénes no pueden ingre- sar al país, la amplitud y carácter político en los criterios de la ley chilena establece un margen importante de arbitrariedad en esta decisión. 14 Durante la administración de Bachelet se elaboró el Instructivo Presidencial Nº 9 sobre Política Nacional Migratoria (2008) que buscó sentar las bases de una política migra- toria basada en el respeto de los derechos humanos de los y las migrantes y facilitar su proceso de inserción social y económica. Los principios de esta Política están en concordancia con los estándares internacionales de protección de derechos y son: i) residencia y libertad de circulación; ii) libertad de pensamiento y conciencia; iii) acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente informadas; iv) acceso a la justicia; v) integración y protección social de los migrantes, garantizando su derecho a la educación, salud y trabajo; vi) respeto a los derechos laborales de los trabajadores migrantes independientemente de su condición de extranjeros. 15 En esta misma línea, el Estado de Chile ha reconocido tener una política abierta y respetuosa de los derechos de las personas. 16 Esta postura efectivamente ha guiado las modificaciones que se han introducido, como son los procesos de regularización imple- mentados; los convenios bi y multilaterales suscritos por el Estado chileno para forta- lecer la protección de los derechos de los migrantes, y el desarrollo e implementación de convenios nacionales que facilitan el acceso de migrantes irregulares a servicios sociales. Pese a estos importantes avances, aún no se ha logrado adecuar la legislación vigente a la realidad migratoria actual ni a los estándares internacionales en materia de protección de derechos de los migrantes. Uno de los problemas centrales, por lo tanto, es que parte importante de las dificultades que aqueja a esta población, deriva de las dificultades para regularizar su situación migratoria, ya que sin visa no pueden acceder a servicios de salud, subsidios, iniciación de actividades, entre otras cosas. De ahí que los programas implementados han buscado resolver problemas que se derivan de la condición de irregularidad, pero no se ha avanzado en modificar aquello que origina estos problemas, y que es precisamente la ley migratoria que vincula la obtención de residencia definitiva a un único contrato laboral. Pero más allá de una nueva ley, tampoco ha habido una discusión mayor respecto de la discriminación y falta de integración. Tenemos una sociedad que lentamente ha comen- zado a reconocer la diversidad que la compone, pero no hay claridad en cómo seguir avanzado para asegurar los principios de igualdad a todos los ciudadanos. 14 MARTÍNEZ, J. Ob. cit . UDP. Informe DDHH . 2009, 2010. 15 UN CMW/C/CHL. 16 Idem .