Generación de diálogo Chile-Perú / Perú-Chile: documento 2 : aspectos históricos
Generación de Diálogo Chile-Perú / Perú-Chile | 45 este círculo no estaba del todo cerrado, pues vemos como la firma inglesa la Casa Gibbs y Cia., que se había beneficiado del monopolio del guano, parecía hacerlo también del monopolio del nitrato con la anuencia de este grupo y bajo el amparo de la política salitrera de Pardo. Los industriales salitreros de Tarapacá, peruanos y extranjeros, desconfiaron de dicho círculo y resistieron la política salitrera del Gobierno, para evitar que sus esfuerzos de medio siglo terminaran en las mismas manos de quienes habían endeudado el fisco del Perú en el marco de la economía del guano, aunque ahora estuvieran ocultos detrás del discurso de un nuevo Estado y de un proyecto nacional, bajo el liderazgo de Manuel Pardo. En síntesis, tanto la ley del estanco salitrero del 18 de enero de 1873 hasta la ley de nacionalización de la industria salitrera de 28 de marzo de 1875, provocaron la ruina de muchos industriales, especialmente pequeños, perjudicó y benefició a algunas grandes compañías, donde la Casa Gibbs y Cía. fue notoriamente recompensada. Salitreros tarapaqueños peruanos y chilenos estaban en la lista de los más afectados por esta política que pretendía arrebatar desde las manos de quienes desde 1810 habían iniciado la exploración del desierto, la instalación de las primeras paradas salitreras y logrado su exportación, después de varios intentos frustrados. La política salitrera de Pardo se impuso con una lógica ad baculum . Un ejemplo muy interesante nos relata Guillermo Billinghurst y que describe el problema planteado, a saber: la salitrera Salar de la Noria, fue una de las oficinas expropiadas por el Gobierno peruano, a través de sus agentes en la provincia: el inspector de oficinas Robert Harvey, Florentino Lira el comisario del Cantón de la Noria (muy próximo al puerto de Iquique) y el presidente de los Bancos Asociados (entidad beneficiada por la política expropiatoria de Pardo), Carlos Gallagher. En septiembre de 1877 se clausuraron por medio de la fuerza pública oficinas en plena elaboración como Huara, Rosario I, Rosario II, Chiginquiquiray, San Francisco de Velásquez, San Francisco de Llona, San Francisco de Leaño, Paccha, Santa María, San Juan, Libertad, Santa Clara, Resbalón, Carmen, Descanso. 9 Es decir, no estaban paralizadas o en despueble, lo que hubiese permitido por ley no solo la expropiación sino que pasaran a propiedad del fisco. Entre ellas, estaba Salar de la Noria. Lo interesante es que su dueño, Daniel Oliva, chileno, quien sería conocido como salitrero pionero del Cantón de Taltal, recurrió a la justicia denunciando lo que habría sido un despojo por parte de estos agentes del Gobierno. Los testigos que presentó Oliva fueron principalmente peruanos tarapaqueños para demostrar que su salitrera no estaba paralizada, entre ellos el iquiqueño Alfonso Ugarte. El juez de letras le dio la razón al salitrero, calificando a Florentino Lira y Robert Harvey como despojadores, ordenando la restitución de salitrera. 9 BILLINGHURST, Guillermo. Legislación sobre salitre y bórax. Santiago: Imprenta Cervantes, 1903, p.120.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy Mzc3MTg=