La estatura del derecho: igualdad, participación ciudadana y percepción de los medios en niños, niñas y adolescentes chilenos

de tratarse de delitos graves, entre los que se consideran el homicidio, robo con violación y robo con secuestro. Sin embargo, en agosto de 2005 la Comisión de Constitución, Legislación yJusticia del Senado aprobó un texto que rehizo ymodificó a partir del proyecto anteriormente señalado. Dentro de estas modificaciones, las más sobresalientes ydiscutibles son: la disminución de la edad mínima para ser considerado responsable penalmente, que bajó a 14 años, en lugar de 16; la eliminación del trámite de discernimiento y el aumento hasta 10 años de cárcel de la pena máxima para delitos graves cometidos por adolescentes. Además, se ampliaron el número de medidas privativas de libertad para otros delitos. El proyecto original se enmarcaba dentro del proceso de Reforma del Poder Judicial, y tenía como objetivo plasmar los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos del Nil1o, a través de la generación de un sistema de justicia penal juvenil especializado, ya que en el actual sistema de protección (decimos acmal porque aún no se da marcha blanca a este controvertido proyecto) no se diferencia a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos fundamentales de aquellos que ~an cometido delito. Además, la experiencia indica que muchos de estos casos se convierten en situaciones de privación de libertad muy poco rehabilitadoras, sin la oportunidad de acceder a un juicio justo que respete los derechos de los y las adolescentes infractores de la ley, tal como lo demanda la Convención sobre los Derechos del Niño. Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley aprobado en el Senado, se relaciona con las "duras" penas aplicables a los y las adolescentes infractores de ley, ya que difieren tan sólo en un grado respecto a las destinadas a los adultos en la misma clase de delitos. Bajo ninguna circunstancia se considera adecuado aplicar criterios inspirados en el Código Penal de Adultos para dar respuesta a niflos y niñas en conflicto con la ley, tal como lo advierte la Convención sobre los Derechos del Niño Por otra parte, la medida de privación de libertad, aunque último recurso, fue extendida en su uso y duración (10 años) para adolescentes entre 16 y 18, sin considerar que se trata de sujetos en desarrollo, con amplias pOSibilidades de rehabilitarse y reintegrarse a la sociedad. La experiencia internacional demuestra que las políticas de aumento de las sanciones penales privativas de libertad para adolescentes deían huellas importantes en su desocialización, )<1 que han pennanecido largos años fuera de la vida familiar y comunitaria. Además, este tipo 154