182
Niñez y Ciudadanía | Angélica Remolina
Conclusiones
A partir de lo analizado, se concluye que los niños, niñas y jóvenes, por lo menos en
teoría, han dejado de ser objetos de asistencia para ser sujetos de derecho. Sin embargo, la
protección integral y la reparación de los derechos vulnerados aún es una meta lejana.
Existe la necesidad de una mayor inversión en prevención y desarme por parte del Estado
y asimismo, comprender que para obtener la anhelada paz, los grupos armados ilegales deben
devolver a la vida civil a todos los sujetos de menos de 18 años que se encuentran en sus filas,
como requisito inicial para un proceso de diálogo y negociación.
Si es el anhelo del pueblo y el gobierno colombiano terminar con una guerra que ha
durado muchos años y afecta de manera importante a la población infantojuvenil, invertir
en la recuperación de las secuelas físicas y psicológicas de estos niños para que crezcan sin
resentimientos y traumas es fundamental. Pero en esto cabe también un mayor compromiso
por parte de la sociedad civil, los medios de comunicación y la comunidad internacional, que
deben hacer seguimiento constante a las situaciones de violación de los Derechos Humanos
en Colombia, entendiendo su rol de garantes.
La gravedad del problema de los niños, niñas y adolescentes reclutados y posteriormente
desmovilizados, tanto de la guerrilla como de bandas emergentes, exige una mayor cobertura
en las prestaciones, incluso aún en las mismas áreas del conflicto, en donde se hace vital la
presencia del Estado y sus órganos policiales, judiciales, etc.
En este orden de ideas, se vislumbran como desafíos de las políticas públicas y los orga-
nismos encargados, el reforzar la promoción de los derechos en el campo colombiano, tener
profesionales capacitados y especializados en las temáticas de infancia y concretamente en
desvinculación de grupos armados ilegales, así como un mayor número de centros del ICBF
donde se dirija la intervención de manera focalizada, teniendo en cuenta la procedencia de los
sujetos intervenidos, sus expectativas de vida, intereses y perfiles.
Combatir la impunidad y hacer responsables a los grupos guerrilleros y bandas emergen-
tes, es la primera tarea para garantizar una protección integral real, en donde se restablezcan
los derechos vulnerados. Pero también es importante comenzar a tener cambios estructurales
en la sociedad colombiana, atacando las causas que originan el reclutamiento tanto voluntario
como forzoso.