Repensando la regulación de las aguas: crisis socioambiental y proceso constituyente

688 ARIEL ESPINOZA GALDAMES - MAXIMILIANO BAZÁN HEREDIA Págs. 687 - 708 C apítulo V: C ontaminación de las aguas los 80 sus efectos dañinos sobre la población vulnerable, en particular los efectos en las mujeres trabajadoras asalariadas de temporada (comúnmente denominadas temporeras), contratadas en modalidad de obra o faena para empresas de diversos tamaños dedicadas a la agroexportación 1 . Esto ha impulsado la lucha de organizaciones sociales por mayor regulación de la importación, comercialización y uso, así como la fiscalización en estas ma- terias, dado los niveles paupérrimos de protección para dichos segmentos vulnerables 2 de la sociedad. Si bien existen posturas diversas, la mayoría no plantea la eliminación absoluta de los plaguicidas como insumo productivo, sino más bien pro- pone un uso razonable de aquellos que resulten seguros para los traba- jadores, los consumidores y el medio ambiente en general, cuestión que dice relación con el rol central que tienen los plaguicidas en la producción competitiva de alimentos y otros productos agrícolas, y no solo por parte de las grandes producciones industriales, sino también por las pequeñas productoras agrícolas 3 . Este diagnóstico ciudadano también se encuentra recogido en la eva- luación de desempeño ambiental realizada a Chile por la OCDE en el año 2005, la que en relación a la contaminación de las aguas, ya advertía acerca de la necesidad de “reducir los efectos de la agricultura (relacionados con el riego, nutrientes, pesticidas y salinización, entre otros) en la calidad y la cantidad de agua”, esto por cuanto se criticaba, por ejemplo, que “no se han emitido normas de agua de riego relativas a los pesticidas”, y que “[n]o se ha efectuado ningún estudio general sobre la contaminación del suelo o las aguas subterráneas con pesticidas” 4 . La regulación (o falta de ella) de estos químicos ha obedecido, al menos en Chile, a tres fenómenos radicalmente diferenciados. Por una parte, en la arista interna, el sector del empresariado agrícola ha tenido una partici- 1 V aldés (1992), p. 217. 2 A sociación de M ujeres R urales de I ndígenas (2009), pp. 104, 116 y 125. 3 En el año 2011, Anamuri estima que el 75,9 % de sus asociadas encuestadas, utiliza fertilizantes y plaguicidas. De ellas, un 1,9 % utiliza solamente productos químicos y un 23,1 % utiliza productos agrotóxicos combinados con fertilizantes y plaguicidas naturales, mientras que un 32,7 % declara utilizar solo agentes orgánicos y un 42,3 % no posee o no entrega información. G aldames y O rtiz (2011), p. 21. 4 O rganización para la C ooperación y el D esarrollo E conómicos (OCDE) (2005), pp. 68, 69 y 72.