Repensando la regulación de las aguas: crisis socioambiental y proceso constituyente

228 SENEAD EVA BARRERA TRABOL Págs. 219 - 246 C apítulo II: G estión y gobernanza de las aguas En materia de fijación y cobro de tarifas por el servicio de agua potable, la normativa vigente no fija obligaciones para los comités y cooperativas, de modo que surgen sistemas de cobro diseñados por las propias entidades que son las que establecen dichas tarifas 27 . Se estima que el Programa de Agua Potable Rural y el contexto regula- torio que le rige tuvo impactos positivos principalmente en dos aspectos. El primero se refiere a la mejora en materia de acceso al agua potable para la población rural de zonas concentradas y semiconcentradas en Chile a través de la instalación de dichos sistemas. El segundo, en cuanto a una mejora en el disfrute de la salud de las personas, debido a que el acceso al agua potable permite evitar enfermedades asociadas a la presencia de parásitos, bacterias o virus presentes en el agua sin tratamiento de potabi- lización 28 . En cuanto a los desafíos o brechas de la gobernanza del agua en zona rural y la regulación en materia de gestión, de acuerdo con B lanco , au- tores como N avarro , D onoso y V icuña 29 identifican que los sistemas de agua potable rural presentan problemas en suministrar agua en cantidad, calidad y continuidad debido a su funcionamiento precario 30 . Elementos de este funcionamiento precario se relacionan a un déficit financiero de los sistemas y su gestión, la que, de acuerdo con B lanco , se debe a la falta de una normativa que atendiera a los costos reales de operación y mantención de los sistemas y/o altos niveles de morosidad en el pago de las cuotas por los beneficiarios; asimismo, el déficit presupuestario deriva en problemas administrativos y de gestión materializados en una falta de liderazgo y par- ticipación de los miembros de la comunidad que constituyen la asamblea de los comités y las cooperativas. Por su parte, la precariedad se sustenta en diagnósticos que revelaron que solo el 17 % de los sistemas de APR eran sostenibles y que el 30 % de los sistemas no cumplen con los indicadores técnicos de operación. Di- chas cifras son objeto de preocupación en la medida en que el diagnóstico demostró que, a pesar del tamaño del sistema, la capacidad económica de un servicio de agua potable rural puede ser condicionada por la gestión del 27 B lanco y D onoso (2016), p. 68. 28 B lanco y D onoso (2016), pp. 68-70. 29 B lanco y D onoso (2016), p. 70. 30 Ídem.