Repensando la regulación de las aguas: crisis socioambiental y proceso constituyente

202 CATALINAVALENZUELA ROA Págs. 189 - 218 C apítulo II: G estión y gobernanza de las aguas El agua del r í o San Pedro está declarada agotada, ya nadie puede sacar m á s agua” 52 (E2). Estas restricciones impiden que las comunidades puedan llevar a cabo sus prácticas agrícolas tradicionales. Aquí también entran en competencia las empresas turísticas. “El turismo también es invasivo, los grandes hoteles se llevan el agua, tienen pozos y nadie fiscaliza. Tienen sus plantas de osmosis y lo que rechazan lo echan al canal, que llega a nuestras siembras y se echan a perder” (E2). La relación entre las comunidades y empresas mineras se encuentra ten- sionada pese a haber establecido un Convenio con Albermale que otorga un porcentaje de las ventas anuales a las 18 comunidades atacameñas. Pre- domina aún la desconfianza hacia las empresas, los derechos de extracción de agua que poseen y la información que entregan: “Ellos (las mineras) tienen todos esos permisos. Nadie va a regular si están sacando exactamente esa agua” (E3). Asimismo, los entrevistados comentan que existe un importante déficit de la información disponible sobre el estado de la cuenca, pues “van a pasar cien años más y todav í a no vamos a saber por qué no quieren saber qué es lo que pasa” (E2). Asimismo, indican que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) “le dan las patentes y los permisos para seguir porque según sus estudios dicen que no hacen ningún daño, pero están los de ellos no más. El Estado ni siquiera tiene funcionarios para hacer un estudio de esa magnitud” (E2). Esta relación también está atravesada por una desconfianza hacia las instituciones públicas. “La relación que hay con el servicio público y las entidades correspondientes por parte del Estado es de desconfianza, debido a cómo ellos han trabajado pro-mineras y no mirando la necesidad de nuestras comunidades” (E8). Asimismo, se critica el modo en que el Estado ha entregado DAA, pues “hemos tenido que dar peleas tanto judiciales como de otra í ndole respecto a la baja de los caudales, la poca agua que se utiliza en la agricultura, c ó mo ha ido disminuyendo el tema agrícola. Y en ese sentido, la relaci ó n no ha sido de las mejores. Ha sido entre dulce y agraz” (E8). En relación con la gobernanza, plantean que el Estado opera de manera reactiva: “No hay 52 Véase Resolución DGA Nº 44, de 13 de marzo de 2016.