Policy brief - Centros de datos en Chile: energía, agua y territorio. Hacia una gobernanza sostenible

8 suelen sustituir mecanismos vinculantes por estrategias de “visibilidad y esperanza”, como en Irlanda, donde Apple nunca formalizó los beneficios prometidos (Bro- die, 2020b, citado en Díaz-Bejarano y Valdivia, 2025). En Querétaro, México, una alianza con ONU-Hábitat omitió la crisis hídrica local en sus intervenciones pro- puestas, que no se materializaron, un patrón similar al del “Bosque Urbano Quilicura” en Chile (Díaz-Bejarano y Valdivia, 2025). Estos casos evidencian que la expansión de los centros de datos puede superar la capacidad de planificación territorial cuando convergen restricciones de suelo e infraestructura. Las compensaciones socioambienta- les suelen reemplazarse por compromisos voluntarios, simbólicos 2 o escasamente fiscalizados, como en el pro- yecto Apple de Irlanda, en Querétaro en México y con el “Bosque Urbano Quilicura” en Chile con el proyecto de Google (Ríos, 2026; Díaz-Bejarano y Valdivia, 2025). Estas medidas frecuentemente no responden a las necesidades locales ni generan beneficios duraderos, reforzando la necesidad de mecanismos vinculantes, participación comunitaria efectiva y una planificación territorial más robusta. 3.3.2. Concentración de Infraestructura en Chile: Saturación de la Región Metropolitana La capacidad instalada en Chile creció de menos de 35 MW (2013) a 198 MW hoy, proyectando triplicarse en cinco años (MinCiencia, 2024). De 33 centros ope- rativos, dos tercios se concentran en la Región Metro- politana, y Quilicura y Huechuraba reúnen 17 de ellos (BCN, 2026), siguiendo la lógica de suelo industrial del PRMS de 1994. De 30 proyectos anunciados hacia 2028, 28 se ubicarán en la Región Metropolitana (zona norte), con 16 en ejecución y una inversión cercana a US$2.931 millones (MinCiencia, 2024; Zaror y Aranda, 2025), mientras el PRMS en actualización aún no in- corpora criterios específicos para estos proyectos, que siguen tratándose como industria de carácter conven- cional. El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 promueve la descentralización y estandarización ambiental, y el SEA publicó criterios técnicos de evaluación en 2026, pero ambos instrumentos carecen de efectos vinculan- tes sobre la planificación territorial y los centros de da- tos siguen sin categoría propia en la normativa urbana ni ambiental. Como resultado, la gobernanza perma- nece fragmentada entre MinCiencia, el Ministerio de Medio Ambiente (MMA), el SEA, la DGA, la Superinten- dencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Subse- cretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) y el MINVU, organismos con competencias parciales pero sin me- canismos efectivos de coordinación, lo que aumenta el riesgo de reproducir los problemas de concentración y congestión observados en otras jurisdicciones. 4.- RECOMENDACIONES PARA LA POLÍTICA PÚBLICA Recomendación 1. Establecer estándares mínimos de desempeño ambiental como condición de aprobación (a) Situación actual: La analogía con el sector ener- gético es el punto de partida. En Chile, ninguna central generadora mayor a 3 MW puede instalarse sin una tipología de ingreso explícita al SEIA que la obligue a cumplir parámetros mínimos de emisiones (Decreto 40). Los centros de datos, de intensidad comparable o mayor, operan bajo una lógica distinta al carecer de tipología expresa en la Ley N° 19.300, derivando en que su ingreso se evalúe caso a caso, usualmente por obras secundarias como el almacenamiento de diésel o líneas de transmisión (SEA, 2026). (b) Brecha a mejorar: Esta discrecionalidad impide un análisis holístico de los impactos acumulativos en cuencas urbanas y escenarios de cambio climático, e imposibilita la justicia socioambiental (Hervé, 2010), permitiendo que los territorios asuman externalidades sin mecanismos vinculantes de participación temprana ni exigencias de retribución. 2 Una estrategia corporativa común de las empresas es promover “visibilidad y esperanza” a las comunidades (Brodie, 2020b, citado en Díaz-Bejarano y Valdivia, 2025). Así, las comunidades esperaban beneficios económicos que no se formalizaron en documentos oficiales.