Policy brief - Centros de datos en Chile: energía, agua y territorio. Hacia una gobernanza sostenible

10 Recomendación 2. Promover una estrategia de inversión e innovación público-privada orientada a soluciones sostenibles y equidad territorial (a) Situación actual: Chile cuenta con ventajas compa- rativas reales gracias a su alta penetración de energías renovables, su potencial climático y su base universi- taria investigativa. El Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 propone avanzar en campus tecnológicos y capacidades de cómputo para I+D (MinCiencia, 2024), pero no existe un programa estatal que traduzca estas ventajas en parámetros técnicos obligatorios. (b) Brecha a mejorar: El actual enfoque de promo- ción de inversiones no operacionaliza la justicia so- cioambiental (Hervé, 2010). Si los beneficios (empleo, capacitación, inversión) no se miden con indicadores vinculantes, suelen quedar en promesas corporativas, transformando la infraestructura en foco de conflictivi- dad territorial (Díaz-Bejarano y Valdivia, 2025). (c) Ajuste propuesto : Se propone que MinCiencia, con la Corporación de Fomento de la Producción (COR- FO) y el Ministerio de Energía, articule un programa de transferencia tecnológica financiado por fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) o CORFO y orientado a desarrollar soluciones de efi- ciencia hídrica y energética adaptadas al territorio na- cional. Este programa, más que crear nuevas agencias, debe financiar proyectos piloto que generen paráme- tros de referencia técnica en sistemas de refrigeración por free-cooling o agua de mar, y recuperación de calor residual para calefacción distrital, siguiendo referencias como el “modelo colmena”, donde la energía residual se reutiliza en instalaciones adyacentes. Paralelamente, se recomienda condicionar el acceso a beneficios públicos (suelo industrial, conexiones pre- ferentes, subsidios de I+D o tramitación expedita) al cumplimiento progresivo de los estándares de la Re- comendación 1 y a mecanismos verificables de equi- dad territorial, incluyendo: (1) Participación temprana vinculante, donde las comunidades deben incidir en el diseño e integración urbana del proyecto, más allá de las audiencias en fase de pertinencia del SEIA; (2) Crite- rios de retribución a la comuna, acuerdos formales de inversión comunitaria, como calor residual a escuelas, hospitales o invernaderos, o financiamiento de los Pla- nes Comunales de Acción Climática; (3) Indicadores de distribución de beneficios, auditorías anuales que re- porten el empleo local efectivo, la capacitación técnica y el acceso preferencial a servicios digitales. Recomendación 3. Construir un sistema interinstitucional de monitoreo y transparencia (a) Situación actual: Actualmente no existe en Chile ningún mecanismo que obligue a los centros de da- tos a reportar públicamente su consumo real de agua y energía. La DGA cuenta con registros de derechos concedidos, pero no vinculados al consumo efectivo, al SEIA, ni a la planificación territorial. Como advierte la literatura, la industria de centros de datos a nivel glo- bal experimenta una falta de transparencia, publicando datos agregados a nivel corporativo pero ocultando el consumo hídrico y energético específico de cada ins- talación. A nivel local, comunidades como MOSACAT y RSQ constatan que obtener datos es un proceso des- gastante y asimétrico. (b) Brecha a mejorar: Esta opacidad se escuda en la confidencialidad comercial de los operadores. La falta de datos desagregados impide verificar el cumplimien- to ambiental, obstaculiza la planificación de recursos e imposibilita la justicia socioambiental, pues las comuni- dades quedan excluidas del seguimiento de las cargas que soporta su territorio. (c) Ajuste propuesto: Se recomienda un sistema de reporte periódico, público y desagregado por insta- lación (véase Tabla 3), superando la confidencialidad comercial mediante las facultades legales vigentes. Siguiendo el modelo del Sistema Nacional de Decla- ración de Residuos (SINADER), se propone usar el Re- gistro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC), particularmente el artículo 70, letra p) de la Ley 19.300, que faculta al MMA a requerir esta información a otros servicios y organismos del Estado.