Reconstrucción(es) Sociedad Civil. Experiencias de reconstrucción en Chile post 27F desde la sociedad civil

145 derrumbe del edificio siniestrado. El gobierno sostiene que las demoliciones en casos de edificios promovidos por empresas privadas, deben ser asumidas por las propias inmobiliarias o por los municipios, entidades que carecen de recursos para financiarlas. Las inmobiliarias se lavan las manos y pretenden descargar esta faena sobre los hombros de los damnificados. Es una brasa ardiente que corre de mano sin que nadie le ponga fin Es una tierra de nadie urgente de regular en nuestra Normativa. En lo que respecta a las obras del sector público severamente dañadas o destruidas, los SERVIU solicitan presupuestos una y otra vez a empresas constructoras especializadas en demoliciones, cuyos montos se elevan varias veces sobre las estimaciones técnicas, dejando desiertas las licitaciones, por lo cual aun siguen en pie estas estructuras moribundas y se mantiene la incertidumbre de los usuarios damnificados. Una vez más sufrimos la ausencia de un aparato estatal capaz de enfrentar estas situaciones. Es necesario constituir una empresa de acción directa del estado, dotada de personal y equipos apta para asumir las emergencias. Otra cosa es discutir más tarde las responsabilidades, pero no someter a los damnificados a meses de martirio sin resolver su situación. El derrumbe en la mina San José de Copiapó que nos afecta hoy día es un ejemplo en este sentido. ¿Qué habría ocurrido si el estado se hubiera desentendido del rescate dejándolo en manos de la empresa minera o del municipio de la zona? ¿Quién en Chile, habría aceptado en este caso una conducta prescindente del estado? ¿Qué conclusiones extraemos de la catástrofe del 27 de Febrero? Una vez más debemos reiterar que al eliminar los mecanismos fiscalizadores, el producto habitacional queda sujeto exclusivamente a la ética del promotor inmobiliario. Si alguien adquiere un electrodoméstico o un bolígrafo de mala calidad, siempre tendrá la opción de castigar al productor inescrupuloso, absteniéndose de volver a consumir esa marca. En este caso, el mercado opera como un adecuado asignador de recursos. Pero una vivienda es un bien raíz que se adquiere normalmente sólo una vez en la vida y cualquier equivocación resulta irreparable. No hay otra opción y es inadmisible exigirle al consumidor que asuma una pérdida tan cuantiosa. Como conclusión, insistimos en lanecesidadde restablecer losmecanismos fiscalizadores que permitan detectar oportunamente los errores o las insuficiencias en los proyectos de arquitectura y cálculo. Esta fiscalización debe radicarse en las Direcciones de Obras Municipales. Cualquier costo