Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

76 Los movimientos estudiantes del 2006 y 2011 instalaron en la agenda pública la situación crítica de la educación escolar estatal, cuya síntesis se reseña en el Informe Final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación (2006),que expone las dificultades que por entonces enfrentaba el sector tras quince años del retorno de la democracia (Consejo Asesor, 2006), atribuibles principalmente a que la estrategia de los gobiernos democráticos mantuvo el sistema de financiamiento de mercado, dado que -primeramente- se impulsó el incremento y mejoramiento de los insumos educacionales, que el año 1990 estaban fuertemente deprimidos debido a la gran caída de la subvención y del financiamiento público sectorial durante los años ochenta (Jofré, 1988, González, 2003; Donoso-Díaz, 2005), para posteriormente impulsar una reforma educativa cuyos resultados no fueron muy satisfactorios en el tiempo (Núñez, 2015). Los sucesos políticos del 2006 detonaron la preocupación sobre el status questionis de la educaci n pública y, a partir de ello, se impulsó la tramitación de leyes como la de Subvención Escolar Preferencial (2008) y la ley General de Educación (2009). la cual reemplaza la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) 3 . En el Informe del Consejo Asesor (2006), en su título IV, “Administración del sistema público de educación escolar” (pp.111-128) se expone un diagnóstico del sistema y se enuncian caminos para abordarle desde distintas propuestas de reorganizaci n, entre ellas el modelo finalmente adoptado para la NEP. Destacándose que por entonces (2006) ya había distintas visiones para enfrentar este desafío (Bellei et al., 2010), no obstante, una década después se materializa la Ley que crea el Nuevo Sistema de Educación Pública (BCN, Ley 21040, 2017). Esta discusión fue importante para la definición de la NEP para los años venideros. La crítica situación de la educación pública en estas décadas es atribuible -en grado relevante- a que el neoliberalismo desafió exitosamente la política educacional progresista, situándose como una opci n efectiva de gestión de los sistemas educativos, logrando desdibujar las diferencias entre lo público y lo privado, apoyándose también en algunas debilidades y limitantes del sector público en lo estratégico y operacional que contribuyeron al posicionamiento del sector privado. La NEP se instala -el 2018- en un escenario complejo para la educación pública, sumado a que ésta experimentó algunos tropiezos atribuibles a su diseño (que se exponen en el punto 4.), como también porque su fase de implementación inicial fue responsabilidad del gobierno de centro-derecha (2018-2021), no identificado con esta política, por lo cual se advirtieron dificultades en su ejecución (Uribe et al., 2019; Donoso-Díaz, 2019 ,2021a, 2021b; Redón et al 2022 ), que adicionados a los graves efectos de la Pandemia, originaron un escenario ¬muy entrabado para el avance de la NEP. De esta manera hay sucesos que han desdibujado el sentido de la NEP, desde el consenso inicial del 2006 sobre la importancia de trasformar la educación pública (independiente del modelo adoptado), al proyecto aprobado en el parlamento el 2017, y a lo ocurrido en su implementaci n en estos años (incluido el 2025) y su crítica proyección para los años siguientes, abriéndose un escenario aún más incierto sobre su viabilidad. No obstante, desde el plano financiero, parte del pensamiento progresista parece no haber calibrado debidamente la alta dificultad de compatibilizar políticas de derechos sociales con instrumentos netos de mercado. La educación pública al finalizar el primer cuarto del siglo XXI 3 La LOCE fue una “camisa de fuerza” instalada por la dictadura, que impedía los cambios del sistema y su transformación.

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