Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

Capítulo 3: Avances y nudos críticos en el proceso de puesta en marcha de la Ley 21.040: Retrospectiva de los resultados de la evaluación del Consejo de la Nueva Educación Pública. 55 Para comprender el contexto en que se desarrolla la Ley 21.040 y su instalaci n, es necesario poner de relieve el marco histórico-político de la educación pública de las últimas décadas, así como el escenario de la actual administración municipal. Hasta antes de la dictadura cívico-militar, que se inicia con el Golpe de Estado de 1973, la expansión de la educación pública había sido sistemática, llegando a inicios de los años setenta a un 80% de la matrícula total nacional, situación que en el presente se reduce a menos del 40% (MERCOSUR, 2024). Este cuadro decreciente formaba parte de la expectativa que las políticas de educación de la dictadura intencionaron con respecto a la educaci n pública, tal como se observa en el texto de Gerardo Jofré, Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile y Asesor del Ministerio de Hacienda durante dicho período, donde se defiende la instalación de sostenedores privados en la figura de los establecimientos particulares subvencionados con copago: “La verdadera consolidaci n del sistema, entonces, se logrará cuando las escuelas que lo integran sean, en su mayoría, privadas y el peso de las escuelas municipales no sea determinante en las respectivas comunas.” (Jofré, 1988, p. 236) Esta expectativa proviene de una concepción del sistema educacional en una lógica de mercado, instalada a partir de los cambios estructurales promovidos desde 1980, que apuntaron a medidas como el financiamiento a la demanda por medio del sistema de voucher , la competencia por la matrícula entre establecimientos de condiciones y contextos muy diversos, y el rol subsidiario que asume el Estado, desvinculándose de su responsabilidad directa por la educación, como había sido la tradición en el sistema chileno, la que queda depositada en las familias y las escuelas (Acuña et al., 2014). El diseño de un sistema como este supone una concepci n segregada de la educaci n, donde la escuela pública queda mermada en recursos, y debe competir con establecimientos en condiciones materiales y contextuales que la ponen en desventaja. En el marco de este diseño más general, la municipalizaci n constituyó un mecanismo más de externalización de las responsabilidades del Estado, bajo el argumento de la descentralización y la desburocratización, entendiendo a Contexto político de la Ley 21.040: empobrecimiento de la educación pública en el modelo de mercado, crisis de la administración municipal y urgencia de la desmunicipalización losmunicipios “como parte de la comunidad, de los cuerpos intermedios de la sociedad y de las familias, responsables últimos de la elección educativa de sus hijos” (Matamoros y Álvarez, 2021, p. 2150). Así, a partir del Decreto Ley de Rentas Municipales de 1979 y del D.F.L. n° 1-3063 de junio de 1980, se inici un proceso de traspaso intensivo de los establecimientos fiscales a los municipios, en dicha época a cargo de alcaldes designados por el régimen dictatorial (Matamoros y Álvarez, 2021). Para comprender las consecuencias que este cambio produjo en las décadas siguientes, con gobiernos democráticos que dieron continuidad al diseño educacional de mercado, es importante detenerse en el estado actual de la administraci n municipal. Dentro de las críticas, autores como Bellei (2018) aluden a la forma en que el sistema de financiamiento a la demanda por medio de vouchers ha afectado a la educación municipal, dada la pérdida de matrícula y la menor estabilidad de la asistencia en el contexto socioecon mico de la educación pública, lo que a su vez genera problemas de sostenibilidad financiera, a lo que se agrega la acumulación de deudas municipales en el área educaci n. Junto con ello, se ha generado un sistema altamente segregado, dada la estigmatización por resultados asociados al nivel socioeconómico de las familias de los/as estudiantes que asisten al sistema público de educación, a lo que se suma una distribuci n desigual en la subvenci n por matrícula, dependiendo del territorio (Bellei, 2018). Por último, las críticas también apuntan a que las municipalidades no tendrían un ‘giro único’, que permita poner el foco en lo propiamente educacional y pedagógico, generando que exista una aproximación más desde lo administrativo, con poca participación y voz de las comunidades escolares, y con riesgo de sujeción de los diversos cargos a los ciclos políticos (Bellei, 2018). En ese marco, además, no pueden ignorarse las múltiples irregularidades en la administración de los recursos destinados a educación por parte de diversos municipios, que han sido sistematizadas por la Contraloría General de la República y han sido difundidas por diversos medios (CIPER, 2012). A este diagnóstico crítico se agregan las evidencias más recientes, a partir de los datos de la Superintendencia de Educación, que revelan altos índices de criticidad económica que han ido