Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

Capítulo 2: Modelos de descentralización educativa: el caso de Chile en perspectiva internacional. 47 afectando la percepción de legitimidad del nuevo sistema (IIPE UNESCO, 2021). En este sentido, se han presentado una serie de problemas en el proceso de implementaci n de esta política, muchos de los cuáles tienen como eje las dificultades en el traspaso de las responsabilidades, los nuevos roles y las nuevas demandas que plantea este nuevo ordenamiento. Una buena bitácora de estos cambios corresponde a los informes anuales de seguimiento de la puesta en marcha del sistema de educación pública que se vienen desarrollando desde el año 2019 a través del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública (2023) Aunque los SLEP incorporan mecanismos de participación, su falta de anclaje político genera dudas sobre su responsabilidad democrática ante las comunidades educativas. Esto tensiona la relación entre eficiencia técnica y apropiaci n ciudadana, y plantea interrogantes sobre cómo construir gobernanza en un sistema que opera a distancia del poder local sin caer en formas tecnocráticas o autorreferenciales.(Uribe et al., 2019). En este mismo sentido, existe una superposición de responsabilidades y formas de operar en el sistema, que son propias de cada contexto local. En efecto, cada uno de los territorios que pasa a ser parte de un SLEP, en este proceso que lleva de 345 a solo 70 administradores, presenta una cultura organizacional que puede presentar diferencias importantes, en una historia que ya tiene más de cuatro décadas. Parte importante de las evaluaciones realizadas se detienen en esta clase de problemas de la transición de una institucionalidad a otra (Centro de Políticas Públicas, 2024; CIAE, 2024) En términos de gobernanza, el modelo DEP–SLEP puede ser visto como una apuesta por una “descentralizaci n profesionalizada”, donde la mejora de capacidades es priorizada sobre la autonomía política local. Esto se alinea con tendencias internacionales que privilegian la rendición de cuentas técnica y la equidad sistémica, aunque contrasta con modelos que promueven mayor autonomía local como garantía de innovación y participación democrática. El caso chileno, en este sentido, no se ajusta fácilmente a la dicotomía tradicional entre centralizaci n y descentralización, sino que propone una nueva forma de articulación entre niveles del Estado. Evaluar su éxito dependerá no sólo de los resultados educativos, sino también de la capacidad del sistema para construir legitimidad, resolver tensiones territoriales y sostener una visión clara de mejora continua. El escenario descrito presenta las dificultades en la administración de la educación pública. A pesar de sus avances, la reforma enfrenta diversos desafíos en su implementaci n. Uno de los principales problemas es la falta de financiamiento suficiente, ya que la educación pública en Chile ha estado históricamente subfinanciada en comparación con los recursos que reciben las escuelas particulares subvencionadas. Si bien el Estado ha aumentado la inversión en educación pública, aún persisten brechas significativas en infraestructura, capacitación docente y recursos pedagógicos. Otro desafío importante es la resistencia de distintos actores, tanto a nivel local como en el ámbito político. Algunos municipios han manifestado preocupaciones sobre la pérdida de control en la administraci n de sus escuelas, mientras que sectores políticos han criticado la reforma por considerarla insuficiente para cambiar las dinámicas estructurales del sistema educativo. Asimismo, la consolidación de los SLEP ha sido más lenta de lo esperado, generando incertidumbre sobre su efectividad en mejorar la educación pública. A nivel estructural el sistema educacional chileno consiste de un sistema descentralizado con múltiples actores como responsables de la provisión educativa, el uso de la información de resultados del sistema presenta usos dispares y en ocasiones contradictorios, y la participación de los padres se presenta bajo la lógica que les fue asignada por las reformas. En última instancia, la reforma chilena a la educación pública no solo debe enfocarse en la reestructuración administrativa, sino también en abordar las desigualdades estructurales que han caracterizado el sistema escolar en las últimas décadas. La experiencia internacional sugiere que una descentralización efectiva no solo debe delegar funciones, sino también garantizar que las escuelas cuenten con los recursos y capacidades necesarias para cumplir con su misión educativa. Sin estos elementos, la reforma corre el riesgo de quedarse en una transformación administrativa sin un impacto sustantivo en la calidad y equidad del sistema educativo chileno.