Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

Capítulo 2: Modelos de descentralización educativa: el caso de Chile en perspectiva internacional. 45 niveles de gobierno trabajen en coordinación, asegurando que las políticas sean sostenibles, equitativas y adaptables a las necesidades de cada contexto. Solo así será posible construir un sistema educativo descentralizado que mejore la calidad, la equidad y la eficiencia en la educación. La descentralización en el sistema de educación pública en Chile La reforma al sistema de educación pública en Chile, si bien representa la reforma más importante desde hace cuatro décadas, desde la así llamada “municipalizaci n”, la que descentralizó la gestión de los establecimientos educativos, trasladando la administración de las escuelas desde el Estado central a los municipios, permitiendo la entrada de actores privados a la provisi n de educaci n, bajo la figura de escuelas particulares subvencionadas. Este modelo gener una serie de desigualdades en la calidad de la educación, ya que los municipios con menos recursos encontraron dificultades para administrar y mejorar sus establecimientos. Además, la competencia entre escuelas, impulsada por un sistema de financiamiento basado en la asistencia de los estudiantes, fortaleció un esquema de funcionamiento bajo lógicas de mercado dentro de la educación, donde las familias elegían colegios en función de su prestigio, generando segregación y desigualdad. La educación pública, en este contexto, se fue debilitando progresivamente en favor del crecimiento de los establecimientos particulares subvencionados y privados (Castro-Paredes, 2012; Donoso-Díaz and Benavides- Moreno, 2017; Puga, 2011). De acuerdo con la tipología de descentralización presentada en la Tabla 1 el proceso de municipalizaci n en Chile se enmarca en un modelo de "desconcentración" más que de "devolución" o "delegación". Esto se debe a que las decisiones transferidas al nivel municipal estuvieron restringidas a un ámbito muy limitado de diseño presupuestario, sin otorgar una autonomía real en la gestión educativa. Además, a diferencia de las tendencias observadas en los países de la OCDE (como se muestra en la Tabla 2 ), la autonomía y la capacidad de toma de decisiones no alcanzaban directamente a las escuelas. Su margen de acción en aspectos curriculares era prácticamente nulo, ya que los contenidos seguían estando determinados a nivel central. Asimismo, su capacidad de gestión financiera era muy restringida, quedando supeditada a la administración municipal, lo que limitaba su capacidad para responder a las necesidades específicas de cada establecimiento. En este sentido, el proceso de descentralización en Chile ha sido un proceso incompleto o truncado, donde la promesa de la autonomía local todavía debe completarse (Beyer and Velasco, 2010). En este marco, la reciente reforma a la educación pública busca revertir algunas de las distorsiones generadas por la municipalización y fortalecer el rol del Estado en la gestión educativa. Entre sus objetivos principales se encuentran la creaci n de los Servicios Locales de Educaci n Pública (SLEP), que reemplazan la administración municipal de las escuelas, y el fortalecimiento de la educación pública mediante una mayor inversión y un enfoque en la equidad. Los SLEP fueron instaurados en la Ley N° 21.040, transfiriendo los establecimientos educacionales de los 345 municipios del país a 70 nuevos SLEP (Ley 21040, 2017), logrando tener un tamaño mayor al concentrar la labor de varios municipios en una organizaci n exclusivamente dedicada a la educación y aprovechar las economías de escala que se derivan facilitando su administración. En contraste con el sistema municipal, en que cada alcalde administraba la educaci n pública con un alto nivel de discrecionalidad, cada SLEP está encabezado por un Director Ejecutivo, seleccionado mediante el sistema de Alta Dirección Pública, y cuenta con unidades de apoyo técnico-pedagógico, planificación y control de gestión, y administración y finanzas. Además, se establecen Comités Directivos Locales y Consejos Locales de Educación para fomentar la participación de las comunidades educativas. Los SLEP dependerán directamente de la Direcci n de Educaci n Pública (DEP), un servicio público centralizado, dependiente del Ministerio de Educaci n, encargado de la conducci n y coordinaci n del sistema de educaci n. Sus funciones incluyen proponer estrategias nacionales, asignar recursos, supervisar la gestión de los SLEP y velar por la calidad educativa en todo el territorio nacional. Este diseño busca equilibrar una conducción centralizada con una gestión descentralizada, permitiendo una mayor coherencia en las políticas educativas a nivel nacional, al tiempo que se adaptan a las particularidades locales. En este sentido, se busca dar respuesta a uno de los principales problemas que representaba este sistema de descentralización, en la medida que sencillamente los municipios no tenían las capacidades para hacerse cargo de las responsabilidades que enfrentaban que estipulaba este esquema de funcionamiento, en que su administraci n, como bien señala Bellei, estaba atomizada