Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

Capítulo 11: La pertinencia territorial como eje de transformación: Hacia una Nueva Educación Pública desde un modelo Socio Comunitario 219 ejemplo, en las tensiones entre las funciones que ejercen los Departamentos Provinciales de Educación (DEPROV) y los SLEP, particularmente en lo referido al acompañamiento técnico-pedag gico, donde no existe una delimitaci n clara de roles. La Evaluación Final de la Instalación de los SLEP (MINEDUC, 2024) confirma que, a pesar del tiempo transcurrido desde la creación de la nueva institucionalidad, aún persiste una débil coordinaci n entre los servicios dependientes del Ministerio de Educación. Esta fragmentación ha impedido que los SLEP actúen como verdaderos articuladores de la política educativa en el territorio, limitando su capacidad de incidir en otras políticas públicas que afectan a las comunidades escolares, como salud mental, infancia, desarrollo territorial o infraestructura pública. Además, los equipos de los SLEP han debido operar muchas veces en un escenario de indefinición normativa y ausencia de liderazgo estratégico. Esto ha generado sobrecarga administrativa, respuestas reactivas frente a conflictos y escasa capacidad de planificación de mediano plazo. A pesar de contar con autonomía en la gestión, muchos SLEP han reproducido prácticas de subordinación vertical al nivel central, lo que contradice el espíritu descentralizador de la NEP. Desde la mirada del enfoque sociocomunitario, esta fragmentación no solo debilita la eficacia del sistema, sino que erosiona la posibilidad de construir una institucionalidad relacional, capaz de tejer vínculos entre los distintos actores públicos y comunitarios. La política pública deja de ser una plataforma de encuentro entre instituciones y ciudadanía, para transformarse en una sumatoria de burocracias que operan en paralelo. Participación limitada y no vinculante: entre la consulta formal y la exclusión de facto Uno de los pilares discursivos de la NEP ha sido la participación de las comunidades escolares. La ley Nº 21.040 establece mecanismos como los Consejos Locales de Educación Pública (CLEP) y los Comités Directivos Locales (CDL), orientados a fomentar la corresponsabilidad en la gestión del sistema. Sin embargo, tanto la evidencia institucional como la experiencia empírica demuestran que la participación real ha sido limitada, consultiva y, en muchos casos, simbólica. El Informe Anual 2023 del Consejo de Evaluación advierte que, si bien existe un marco formal para la participación, este no se ha traducido en prácticas sistemáticas ni en estructuras con capacidad decisoria. En palabras del documento: “la mayoría de los Consejos Locales se reúnen esporádicamente, con baja asistencia y sin impacto real en las decisiones estratégicas del SLEP” (Consejo Evaluador, 2023, p. 64). Los equipos de los SLEP han mostrado mayor énfasis en la gestión técnico-administrativa, resultando en menor dedicación a efectuar un rol más participativo o de mediaci n territorial. Esto tal como se menciona en el informe anual del Consejo Asesor en el que “los mecanismos de participación establecidos por ley, como los CLEP o los CDL, funcionan en muchos casos de manera nominal o discontinua, sin una influencia real sobre las decisiones estratégicas del SLEP” (Consejo Evaluador, 2024). En opini n de los autores, esto podría explicar mayores relaciones verticales con los actores escolares y una tendencia a excluir la voz de las comunidades en las decisiones que afectan directamente su experiencia educativa en donde “existe una participación consultiva más que vinculante, lo cual reduce la legitimidad del proceso y desincentiva el involucramiento activo de las comunidades” (consejo Evaluador, 2024). Además, los mecanismos participativos enfrentan barreras logísticas y culturales. En territorios rurales, las distancias, la conectividad deficiente y la falta de recursos dificultan la asistencia a reuniones y la continuidad en los procesos. Por otro lado, muchos representantes de las comunidades no han sido capacitados para ejercer sus funciones, y no existen procesos formativos ni materiales adecuados que permitan democratizar el acceso a la información. Desde el enfoque sociocomunitario, la participación no es solo un medio para legitimar decisiones tomadas, sino un componente esencial de la gobernanza territorial. Incluir a las comunidades en los procesos de diseño, implementación y evaluación de la política educativa permite no solo fortalecer la legitimidad institucional, sino mejorar la calidad de las decisiones, al integrar conocimientos situados, demandas reales y experiencias pedag gicas comunitarias.