Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

162 del sistema escolar chileno. Durante este período, se impulsaron transformaciones orientadas a mejorar la calidad y la equidad del sistema educativo, combinando la mantenci n de dinámicas de cuasi-mercado y la responsabilización por desempeño con iniciativas compensatorias y de mejoramiento sistémico promovidas por el Estado (Bellei et al., 2018). En este contexto, la promulgaci n de la Ley General de Educaci n (LGE), la Ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP) y el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC) dio lugar a una nueva arquitectura institucional que distribuye las funciones de fiscalización, evaluación, orientación y apoyo técnico entre distintos organismos del sistema. Dentro de este nuevo marco, el apoyo técnico fue asumida por actores estatales y privados. En los Departamentos Provinciales de Educación, la supervisión fue redefinida como un proceso de apoyo externo especializado, orientado al mejoramiento pedagógico y a la coordinación del apoyo técnico-pedag gico a los establecimientos subvencionados (Mineduc, 1992; en Navarro, 2023). Por su parte, la Ley SEP introdujo las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE), entidades privadas orientadas a ofrecer asesoría directa a las escuelas en contextos de mayor autonomía y rendición de cuentas (Bellei, Osses y Valenzuela, 2010; Anderson, 2017). A su vez, en algunos sostenedores escolares municipales surgió la figura de “coordinadores técnicos”, cuyo rol era acompañar a los equipos directivos en el seguimiento del Plan de Mejoramiento y otras tareas administrativas, con evidencia que da cuenta que una mayor frecuencia de visitas a los establecimientos fortalecía la articulación entre los planes institucionales y las políticas comunales (González et al., 2015). Aun con las diferentes reformas implementadas desde 1990, el sistema educativo chileno continuó enfrentando problemas estructurales, como la desalineaci n de responsabilidades e incentivos, la limitada capacidad institucional anivel local y la ineficienciaenlaadministración educativa del nivel municipal (OECD, 2004; Bellei et al., 2018; Villalobos et al., 2019). Estas limitaciones llevaron a la promulgación de la ley que crea la Nueva Educación Pública en 2017, estableciendo el Sistema de Educaci n Pública y los Servicios Locales de Educaci n Pública (SLEP) como nuevas agencias locales de educaci n. Los SLEP son organismos públicos descentralizados, cuyo objeto único es la educación, dotados de personalidad jurídica propia y con una planta profesional seleccionada mediante concursos públicos. Al ser organismos públicos totalmente nuevos, su puesta en funcionamiento ha implicado la convergencia de diferentes lógicas: por un lado, los procedimientos administrativos y financieros propios de los sostenedores escolares municipales, que ofrecen una relativa mayor flexibilidad; y por otro, las normativas de la administración central del Estado, de carácter más rígido y burocrático (Sanfuentes et al., 2021; Uribe et al, 2025). En el plano educativo, los SLEP combinan funciones de responsabilización técnico- pedag gica con acciones orientadas al desarrollo y la movilizaci n de capacidades dentro del sistema (DEP, 2020). Para ello, cada SLEP cuenta con una Unidad de Apoyo Técnico encargada de brindar acompañamiento y asesoría a los establecimientos bajo su dependencia. En la práctica, esta labor se materializa a través de los asesores de mejora continua y acompañamiento técnico-pedagógico, quienes mantienen una interacción permanente —presencial y a distancia— con equipos directivos y docentes. En síntesis, desde los primeros visitadores de escuela hasta las actuales unidades y asesores de apoyo técnico- pedag gico, el desarrollo del nivel intermedio en el sistema escolar chileno ha estado marcado por una evolución institucional que refleja las tensiones entre modelos de gobernanza de mercado, un enfoque de responsabilización por desempeño con altas consecuencias por sobre una lógica de responsabilización profesional orientada al desarrollo de capacidades, y el fortalecimiento del rol del Estado en la mejora educativa (Villalobos y Quaresma, 2015; Falabella y De la Vega, 2016; González et al., 2020). Sus funciones han cambiado, operando hoy en un entramado institucional complejo, compuesto por organismos públicos y privados con responsabilidades diferenciadas: administración y gestión (sostenedores escolares), fiscalización (Superintendencia de Educación), orientación y evaluación (Agencia de Calidad de la Educaci n) y apoyo técnico (Departamentos Provinciales, sostenedores y ATE). Lógicas y vías de influencia en las agencias locales de educación La literatura especializada señala que el trabajo de las agencias locales de educación se ha centrado históricamente en funciones de inspección, supervisión y administración escolar (Rogers et al., 2018; Asim et al., 2023). Estas funciones han estado asociadas al monitoreo