Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

136 Potencialidades de la participación en la gobernanza educativa La participación ciudadana no es un mero adorno en la gobernanza educativa; es un componente esencial para su legitimidad, eficacia y sostenibilidad. Un sistema educativo que excluye las voces de aquellos a quienes sirve está destinado a ser menos receptivo a las necesidades reales, menos equitativo y, en última instancia, menos efectivo (Kliksberg 2000; Bresser Pereira and Cunill Grau 1998). La participación ciudadana aporta múltiples beneficios a la gobernanza educativa. El primero de ellos es la legitimidad, pues cuando las políticas educativas son el resultado de un proceso participativo, son percibidas como más legítimas y cuentan con mayor apoyo social, lo que facilita su implementaci n y sostenibilidad a largo plazo. El segundo beneficio es que incrementan su pertinencia y relevancia. La participación de diversos actores permite que las políticas y programas educativos se ajusten mejor a las necesidades y contextos específicos de cada comunidad y grupo social. Los docentes, estudiantes y padres de familia tienen un conocimiento invaluable de la realidad educativa que puede enriquecer la toma de decisiones. En tercer lugar, la participación ciudadana actúa como un mecanismo de control social, exigiendo transparencia y rendición de cuentas a las autoridades educativas; permite monitorear la implementación de políticas y el uso de recursos, y denunciar posibles irregularidades. De igual manera, la diversidad de perspectivas y experiencias que aporta la participación ciudadana puede generar ideas innovadoras y soluciones creativas a los desafíos educativos. Se espera que, al final, se pueda responder de mejor manera a las demandas y necesidades de las comunidades y poblaciones involucradas, aumentando así la calidad educativa en su conjunto (UNESCO 2008). Los límites y desafíos de la participación. A pesar de los avances, la participación efectiva en la gobernanza educativa enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la asimetría de poder (Hevia 2016). Los gobiernos suelen tener mayor capacidad de influencia que las organizaciones de la sociedad civil, lo que puede limitar la capacidad de estas últimas para incidir en las decisiones, de ahí la importancia de contar con mecanismos institucionales que permitan la voz y el voto de representantes ciudadanos en la toma de decisiones. Otrodesafíoes lafaltademecanismosclarosytransparentes para la participación. En muchos casos, no existen canales formales para que la sociedad civil pueda expresar sus opiniones y propuestas, o estos canales son poco efectivos. Esto puede generar frustración y desconfianza en los procesos de toma de decisiones, generando procesos de participación acotada (Hevia and Isunza Vera 2012). Por ello, se requiere fortalecer los espacios de diálogo y colaboración, asegurando que la participación sea genuina y no meramente simb lica. Finalmente, la sostenibilidad de la participación es un reto crucial. La participación implica una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo que no todas las organizaciones pueden sostener. Abordar estos desafíos es esencial para construir sistemas educativos más democráticos, inclusivos y de calidad. Es este contexto político-académico que hace relevante la investigación sobre los SLEP y su apuesta por tener una gobernanza participativa, por medio de la implementación de Comités Directivos Locales y Consejos Locales de Educaci n. Participación ciudadana en la educación pública chilena y sus proyecciones en la Nueva Educación Pública. En las últimas décadas, Chile ha buscado generar institucionalidad orientada a favorecer y potenciar la participación, especialmentedeactoresde lascomunidades educativas. En este esfuerzo, se han visto algunos logros, pero principalmente tienden a replicarse los desafíos que se han planteado previamente, tal como ha ocurrido en otras realidades territoriales (Bravo, Ramírez y Escobar, 2020). En el año 2004 se normó la existencia de los Consejos Escolares, cuya función principal es “estimular y canalizar la participaciónde la comunidad educativa enel desarrollodel Proyecto Educativo Institucional y en las demás áreas que estén dentro de las esferas de sus competencias” (Ley N° 20.370, Ley General de Educación, 2009, art. 15). Asimismo, se promulgaron leyes orientadas a promover la formación ciudadana (Ley N° 20.911), además de otras estrategias que buscaron fortalecer el rol de las comunidades educativas en la toma de decisiones de las instituciones (Ministerio de Educación, 2017). Los resultados de estas apuestas han sido disímiles, considerando que se ha evidenciado un