Nueva educación pública: evidencia para los desafíos de futuro

102 Un importante aprendizaje de los primeros años en la gestión de los SLEP es que los ajustes de dotación de personal son muy complejos. De hecho, muchos SLEP tienden, durante sus primeros años de gestión, a aplicar medidas que agravan problemas estructurales que provienen de la gestión de la educación pública a cargo de los municipios. Esto es bastante crítico, pues implica que, en un escenario potencial de reducción de la población escolar, las experiencias de ajustar las dotaciones son escasas, aunque principalmente en lo que respecta a las dotaciones de profesores, pues se aprecian mayores esfuerzos en relación a los asistentes de la educaci n. En este contexto, es muy importante hacer un seguimiento sistemático de estos indicadores, pero también es fundamental el apoyo de las autoridades nacionales y territoriales para identificar buenas prácticas y mecanismos de apoyo financiero, administrativo y legal para su implementaci n. Respecto a la complejidad de los territorios por su extensión , existe gran heterogeneidad entre los SLEP donde algunos abarcan una pequeña extensión urbana y atendiendo a muchos estudiantes como los SLEP Santiago Centro y Santa Corina por una parte y, en el otro extremo, SLEP como Aysén y Magallanes con establecimientos educacionales dispersos en entornos geográficos complejos y con una matrícula menor. Por lo tanto, es necesario reflejar esta diversidad en los desafíos logísticos de atender a los establecimientos de cada territorio, y en los costos operacionales que se asignen presupuestariamente a cada SLEP. Análisis Cualitativos En términos generales, esta investigación da cuenta de un proceso en marcha: un enorme cambio institucional que ha ido desplegándose gradualmente y ha logrado reemplazar en los territorios la antigua administración municipal, por el nuevo Sistema de Educaci n Pública, basado en la administraci n de los Servicios Locales de Educación Pública, SLEP. Asimismo, en muchos casos esta nueva administración ha logrado sortear problemas iniciales y comienza a mostrar frutos, tanto cualitativos como cuantitativos. Existe un generalizado consenso en los actores entrevistados acerca de la superioridad institucional de la reforma respecto del sistema municipal anterior, lo que no obsta que haya sido posible identificar un nutrido listado de deficiencias que corregir. Sólo enfrentando los problemas acá descritos, la nueva educaci n pública podrá cumplir su promesa: mejorar la calidad, equidad y cobertura de la educación pública chilena. Dimensión Política, normativa e institucional La expresión más visible de esta reforma es el reemplazo de la autoridad municipal por un servicio público (SLEP) en el rol de responsabilidad directa en la provisi n del servicio educativo, lo cual implica, además, otra relación con los actores locales y educacionales, y otra forma de control del aparato superior del Estado sobre la administraci n. Todos estos aspectos muestran un sistema en proceso de aprendizaje para desplegar sus potencialidades y dejar atrás las limitaciones del sistema anterior, el que, sin embargo, continúa afectando significativamente las condiciones en que se produce el cambio. En efecto, uno de los hallazgos más consistentes y significativos de este estudio es la dificultad que el nuevo sistema ha encontrado para alcanzar la cooperación eficaz de los municipios en el proceso de transición y garantizar una gestión educacional municipal responsable hasta el último minuto anterior al traspaso del servicio educativo. Las consecuencias de esta situación se expresan virtualmente en todas las dimensiones del proceso de cambio. Resulta evidente que los instrumentos utilizados hasta el momento para incentivar dicha cooperación han sido insuficientes y, en muchos casos, derechamente ineficaces. La normativa y regulaciones municipales tampoco han sido capaces de prevenir las malas prácticas municipales ni de asegurar su cooperación con la reforma. Es, por tanto, una idea generalizada, el que los convenios de transición debieran reforzarse, hacerse obligatorios para los municipios, más detallados e incluir sanciones efectivas en caso de incumplimiento.