Mutaciones del patrimonio arquitectónico de Santiago de Chile. Una revisión del centro histórico

Es claro que en los países hispanoamericanos no se han comprometido decididamen- te en la defensa del patrimonio urbano aquellos actores sociales que se tornan indispen- sables y que son, a la postre, el verdadero impulso para la inversión privada: los grupos filantrópicos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales. El círculo virtuoso se pone en marcha conforme las comunidades aumentan su aprecio por el patrimonio urbano, sube el valor comercial de algunos edificios y distritos históricos y, a partir de eso, la conservación toma a ser prioritaria para los intereses comerciales, atra- yendo inversionistas privados. Para llegar a esta etapa de desarrollo resulta clave el consenso en la comunidad respecto del valor social y económico del patrimonio, un proceso que puede forta lecerse a través de la educación y las campañas de difusión pública. La deteriorada condición en que se encuentra la mayoría de los centros históricos de los países hispanoamericanos demuestra que esta actividad aún no cumple eficazmente sus objetivos. El esfuerzo por conservar en la región, si bien ha conseguido que los go- biernos asuman la mayor parte de los costos, no llega a obtener resultados sust entables. Es común que las instituciones creadas para promover la conservación padezcan de una escasez crónica de recursos humanos y financieros y que las normas de conservación -como las disposiciones de preservación histórica- tengan, a menudo, efectos negativos. Es tiempo de que los países de la región introduzcan reformas en la manera como en- frentan la conservación del patrimonio urbano y que los estamentos sociales consoliden una visión positiva del papel que este patrimonio puede desempeñar en la preservación de la identidad cultural y en la promoción de un desarrollo urbano eficiente. Los cambios no se producirán espontáneamente. Gran parte de la tarea está en manos del gobierno, sea local, regional o central. Al sector público corresponde la capacidad de mantener la perspectiva de largo plazo, indispensable para concebir y ejecutar las refor- mas y para inducir al sector privado a que asuma un papel protagónico. Una vez consolidadas, las instituciones de conservación formulan sus propias agendas y buscan apoyo local e internacional para asegurar recursos. En Hispanoamérica, donde la filantropía privada apenas existe, las asignaciones del presupuesto estatal conforman la mayor parte de los fondos asignados a estas instituciones y, con frecuencia, estos fondos son insuficientes para permitirles ejecutar plenamente sus mandatos. Las autoridades locales incorporan la conservación del patrimonio urbano en sus agendas políticas, motivadas por el deseo de realzar la identidad local. Se invoca la pro- moción del turismo para justificar la inversión pública en la conservación del patrimonio urbano. Sin embargo, el fundamento económico para destinar recursos públicos a la con- servación, sobre la base de necesidades turísticas, resulta insuficiente. Al menos, requiere de un análisis cuidadoso para validar la justificación. Y es que -hay que reconocerlo-, los turistas que visitan los centros históricos de los países hispanoamericanos siguen siendo una minoría. Peor aún: si el turismo se hace masivo y no se regula adecuadamente, existe el peligro de que la actividad induzca el deterioro de los monumentos preservados. Aunque, por motivos diferentes, el sector privado también invierte en la conserva- ción. Es usual que las empresas de vocación corporativa elijan edificios de valor histórico para utilizarlos como sede de sus operaciones. Se asocia con arraigo y con prestigio. La comunidad agradece que le ofrezcan un monumento enteramente recuperado. En Esta- dos Unidos se ha explotado con profusión este énfasis publicitario. 42