Decantaciones. Política y democracia cultural: un diálogo global

Fundamentos, infraestructuras, bienes (y males) públicos 135 también puede aplicarse al campo específico de la política cultural. Como ocurre con otras áreas de política pública, la infraestructura cultural debe proporcionarse idealmente como un bien público. El beneficio social no es la simple suma de beneficios individuales privados, sino un bien colectivo posi- tivo en el que la participación de cada persona aumenta el beneficio general para todas. Vale decir, no se trata de bienes provistos por el Estado para individuos aislados, sino que, por su propia naturaleza colectiva, sostienen a la comunidad y la conectividad: a un público. La cultura financiada por el Estado se ofrece de manera no excluyente a toda la ciudadanía, no porque sea difícil hacer que todos paguen por ella, sino porque se la reconoce como un bien social explícito —que refleja la visión de que la cultura debería pertenecer a toda la sociedad. Esto implica no solo el acceso a diversas formas de consumo cultural, también a la producción. Esta participa- ción activa es lo que Mark Banks (2017) denomina “justicia contributiva”, es decir, el derecho de todos y todas a crear o hacer cultura activamente. Esto requiere una variedad de bienes públicos culturales, tanto tangibles como intangibles, comenzando por la educación en su sentido más amplio y profundo, lo cual incluiría no solo las habilidades y oficios vinculados a la creación artística, sino también la exposición a una diversidad de obras culturales históricas y contemporá- neas, y a distintas formas de práctica artística. Requeriría una vida cultural pública amplia y accesible que permita parti- cipar en las múltiples conversaciones mediante las cuales se desarrollan y ejercitan el conocimiento y el juicio. También implicaría el acceso a espacios físicos diversos de práctica cultural (ensayo, danza, performance, producción, grabación,