Núcleos I+D+I: Del Estado del Arte a la Agenda Pública

Diversidad y Género: Abordajes Feministas Interseccionales (DyG) 72 o electricidad, o la imposibilidad de cocinar en hogares con personas dependientes. 2. MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y LAS INICIATIVAS POPULARES, La segunda recomendación apunta a mejorar la comunicación entre los gobiernos locales y las iniciativas populares, mediante la creación de equipos transdisciplinarios bajo la lógica de la interfaz, concepto propuesto por Amigo y Urquiza (2022), entendido como el espacio o mecanismo que traduce las señales de un sistema a otro para facilitar su comprensión. Esta estrategia busca articular el conocimiento técnico con el saber comunitario, generando un puente entre la gestión pública y la sociedad civil. En este marco, se propone designar monitores o encargados del riesgo de inseguridad alimentaria, que operen como equipos de interfaz y faciliten la comunicación entre los distintos actores. Además, se recomienda incorporar a las divisiones de género de cada comuna, dado el rol protagónico de las mujeres en las ollas comunes y otras formas de organización popular. Su participación permite abordar tensiones frecuentes en contextos críticos –como el agotamiento o los conflictos familiares– y garantizar un enfoque sensible a las desigualdades de género. Cabe precisar que mejorar la comunicación no implica necesariamente institucionalizar las iniciativas populares ni someterlas a la burocracia estatal. Se trata, más bien, de favorecer flujos de información oportunos y recíprocos que fortalezcan la cooperación entre gobiernos locales y organizaciones comunitarias. Este enfoque promueve un actuar informado sobre las prácticas y realidades emergentes, superando la fragmentación y la lógica individualizante de muchas respuestas estatales. 3. DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE RESPUESTA La tercera recomendación propone diseñar un protocolo de respuesta al riesgo de hambre en contextos de crisis. Las políticas improvisadas o reactivas suelen perder efectividad bajo presión, por lo que la prevención, los simulacros y los manuales operativos se plantean como herramientas clave para evitar la sobrecarga institucional, la duplicación de funciones o la descoordinación. Este protocolo debe elaborarse de manera participativa, con representantes del gobierno local y de la sociedad civil, integrando sus experiencias y conocimientos para definir estrategias conjuntas de acción. De este modo, se reconoce la autonomía de cada actor y se promueve un trabajo articulado que combine capacidades técnicas, recursos institucionales y saberes comunitarios. En conjunto, las tres recomendaciones buscan fortalecer la vinculación entre Estado y ciudadanía en la gestión de crisis alimentarias. Garantizar el derecho a la alimentación en períodos de emergencia requiere una acción coordinada y flexible, donde ni el Estado, ni el sector privado, ni las organizaciones populares actúen de forma aislada. La propuesta no pretende institucionalizar las ollas comunes ni subsumirlas a la estructura estatal, sino construir un vínculo colaborativo que permita responder con mayor eficacia a los contextos de hambre y precariedad. Cada territorio podrá adaptar estas medidas según sus necesidades y condiciones, reconociendo la diversidad de experiencias locales como un activo central para la resiliencia social.