Núcleos I+D+I: Del Estado del Arte a la Agenda Pública

Diversidad y Género: Abordajes Feministas Interseccionales (DyG) 70 Con estas dificultades, los esfuerzos tanto del Estado como de gobiernos locales se ven limitados, y surgen iniciativas alternativas como ollas comunes, comedores solidarios y acciones conjuntas entre diferentes actores. Sobra mencionar los efectos de la inseguridad alimentaria en la salud física y mental de las personas, por lo que el problema del accionar estatal puede leerse también desde la garantía o vulneración de derechos, ydecómo las fallas institucionales agravan las consecuencias de una crisis. Antecedentes La Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) define la inseguridad alimentaria como “la falta de acceso a alimentos seguros, nutritivos y en cantidades suficientes para satisfacer las necesidades de las personas, lo que puede tener graves consecuencias en su salud física y mental” (FAO, citado en MDSF, 2024). Reportes recientes de este organismo advierten que la situación se ha agravado en sus distintas formas, aumentando su prevalencia en diferentes partes del mundo y afectando con mayor fuerza a quienes presentan mayor precariedad socioeconómica (FAO, 2023). Esta problemática suele permanecer en segundo plano durante períodos de relativa estabilidad, pero en contextos de crisis – como el estallido social y la pandemia del Covid-19– se vuelve una realidad evidente. Es necesario reconocer, sin embargo, que esta situación se inscribe en una trayectoria nacional marcada por recurrentes crisis alimentarias que, a mediados del siglo XX, motivaron políticas de erradicación de la desnutrición (Deichler, 2016) y, en paralelo, dieron origen a respuestas comunitarias como las ollas comunes, presentes desde la década de 1930, reactivadas durante la dictadura y nuevamente en el estallido social y la pandemia (Mansilla & Robles, 2022). A nivel internacional, países como Perú y Uruguay han enfrentado crisis alimentarias mediante políticas de protección social reforzadas, subsidios y programas que articulan la sociedad civil con el Estado (Alcázar et al., 2023). En contraste, Chile desplegó medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia , el retiro del 10 % de los fondos de pensiones y la entrega de cajas de alimentos, las cuales resultaron insuficientes frente a la complejidad y magnitud del problema (Caro & Toro, 2021). Ante este escenario, nuevamente fueron las comunidades quienes sostuvieron gran