Núcleos I+D+I: Del Estado del Arte a la Agenda Pública

Sistemas Territoriales Complejos (SITEC) 61 61 A pesar de este marco restrictivo, han surgido experiencias que demuestran el potencial de la autogestión. Destaca el caso del Movimiento Ukamau en Estación Central, donde las familias participaron activamente en el diseño, ejecución y post entrega del BarrioMaestranza 1, ampliando la superficie de las viviendas, fortaleciendo el acompañamiento social y tejiendo redes comunitarias. Estos logros, reconocidos con el Premio Aporte Urbano y vinculados al Premio Nacional de Arquitectura otorgado a su arquitecto principal, confirman que la autogestión popular puede producir barrios dignos, conpertinencia territorial e identidad comunitaria (Movimiento Ukamau, 2017; Abufhele, 2021; Cofré, 2021). De forma similar, el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) ha impulsado experiencias de autogestión en comunas como Peñalolén, donde conformaron su propia Entidad de Autogestión Inmobiliaria Social y una empresa constructora (Eme. Pe.Ele). Su propuesta busca superar la lógica subsidiaria y reconocer a los pobladores como productores de ciudad, no solo como beneficiarios de subsidios (Espinoza, 2019). Pese a estos avances, persisten instrumentos que se diseñan desde una lógica tecnocrática y asistencialista, como el diagnóstico familiar del D.S. 49, y mecanismos de participación reducidos a indicadores de cumplimiento, sin considerar la calidad del proceso ni su pertinencia social y territorial (Imilán, 2016; Cofré, 2021). En este escenario, se hace urgente reposicionar el protagonismo comunitario dentro de la política habitacional. La institucionalización de la autogestión permitiría fortalecer la democracia urbana y avanzar hacia la construcción de barrios integrados, sostenibles y socialmente pertinentes. Recomendaciones específicas para la política pública La actual política habitacional chilena– enmarcada principalmente en el DS49 y otros subsidios– presenta limitaciones para reconocer y potenciar las capacidades de autogestióndelascomunidadesorganizadas. La centralidad de los instrumentos tecnocráticos y la obligatoriedad de intermediación por Entidades Patrocinantes han generado una dependencia estructural que reduce la autonomía de los movimientos sociales y refuerza las lógicas de mercado por sobre la organización comunitaria. En este contexto, se proponen cuatro recomendaciones que buscan transformar la política habitacional, reconociendo la autogestión como una herramienta válida para enfrentar el déficit habitacional y garantizar una participación comunitaria real en todas las fases de los proyectos. El grupo objetivo incluye al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), como organismo rector de la política habitacional; los municipios, por su rol en la planificación urbana y la relación directa con los comités de vivienda; las organizaciones comunitarias y movimientos de pobladores; y las universidades y centros de investigación, como aliados en la sistematización y difusión de experiencias innovadoras. 1. RECONOCER LA AUTOGESTIÓN HABITACIONAL COMO VÍA LEGÍTIMA Es fundamental reconocer la autogestión habitacional como una vía legítima dentro de la política pública. Para ello, el Minvu debería habilitar una figura jurídico-comunitaria que permita a las organizaciones sociales y comités de vivienda certificados actuar como Entidades Patrocinantes de sus propios proyectos. Esta medida podría implementarse mediante una modificación del D.S.49 o a través de un programa piloto de “Autogestión Habitacional Comunitaria” impulsado por el Minvu.