Núcleos I+D+I: Del Estado del Arte a la Agenda Pública

Sistemas Territoriales Complejos (SITEC) 60 60 participación, más informativos que deliberativos, sin generar condiciones para la apropiación del espacio ni para el fortalecimiento del capital social. En conjunto, estas limitaciones evidencian una brecha en la institucionalización del protagonismo comunitario dentro de la política habitacional. Este vacío debilita el aporte de los movimientos sociales a la democratización de la ciudad y a la construcción de barrios con pertinencia social y territorial. Antecedentes La política urbano-habitacional chilena tiene su origen en las transformaciones impulsadas durante la dictadura militar en la década de 1980, que instauraron un modelo de desarrollo de carácter neoliberal (Imilán, 2016). Desde entonces, el Estado dejó de construir viviendas directamente y pasó a subsidiar su acceso mediante instrumentos de mercado, transformando a los pobladores en consumidores de subsidios y debilitando su rol como actores políticos. Aunque estas políticas redujeron el déficit cuantitativo de viviendas, generaron segregación urbana, concentración de proyectos en la periferia y exclusión social (Ducci, 1997; Angelcos & Pérez, 2017). En este contexto surgieron las Entidades Gestoras de Intermediación Social (EGIS), encargadas de administrar los subsidios y actuar como intermediarias entre el Estado y los postulantes. Si bien este mecanismo permitió sistematizar la entrega de recursos, consolidó la dependencia de las comunidades frente a estas entidades, restringiendo su autonomía y capacidad de autogestión. La modificación del artículo 68 del D.S. 49 en 2012, eliminó la posibilidad de que los grupos organizados con capacidad de autogestión actuaran como entidades patrocinantes de sus propios proyectos, forzando se dependencia de consultoras o fundaciones externas, y reforzando las lógicas de mercado sobre la organización comunitaria. Además, instrumentos como el diagnóstico familiar del mismo decreto reproducen una mirada asistencialista y tecnocrática que invisibiliza las capacidades colectivas y limita el reconocimiento de capital social (Cofré, 2021). La formalización de las Entidades Patrocinantes en 2014 consolidó su rol como intermediarios obligatorios entre el Estado y las comunidades, restringiendo aún más la participación directa en la planificación y gestión de los proyectos habitacionales.