Núcleos I+D+I: Del Estado del Arte a la Agenda Pública

Sistemas Territoriales Complejos (SITEC) 55 55 La participación ciudadana constituye un pilar esencial para el fortalecimiento de la democracia, al ser una herramienta clave para influir en la calidad de las decisiones públicas. Sin embargo, su impacto depende en gran medida del modelo político e institucional adoptado en cada territorio (Contreras & Montecinos, 2021). Uno de los ámbitos donde se evidencian las limitaciones de la Ley Nro. 20.500 es su propio marco normativo, que tiende a reforzar el rol de los representantes legales tradicionales en desmedro de la sociedad civil. La existencia de una ordenanza no garantiza que esta se mantenga actualizada, lo que genera fuertes disparidades entre municipios (Contreras & Montecinos, 2021). Algunos gobiernos locales solo cumplen con los estándares mínimos de participación, transformando instancias que deberían ser deliberativas enmecanismossujetosa ladiscrecionalidad de los actores políticos, lo que puede restringir o incluso excluir la participación ciudadana en la implementación de políticas públicas. La actualización de la Ley Nro. 20.500 debería orientarse a fortalecer los mecanismos existentes para asegurar que las instancias participativas sean efectivas. Para ello, resulta necesario establecer criterios claros y obligatorios que definan cuándo y cómo aplicar la participación ciudadana en distintos niveles de gobierno y proyectos públicos. Además, deben incorporarse metodologías participativas en el ciclo de los proyectos de inversión pública, condición fundamental para su legitimidad y éxito (Rojas, 2024). Esta reflexión evidencia la brecha entre la norma y su aplicación práctica. Los factores que posibilitan una participación efectiva están estrechamente vinculados al diseño institucional y al liderazgo municipal (García & Sanhueza, 2024). Antecedentes En este contexto, resulta crucial impulsar y consolidar procesos participativos que fortalezcan la representatividad y otorguen un papel más protagónico a las organizaciones comunitarias en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas (García & Sanhueza, 2024). Ignorar estos elementos puede derivar en proyectos cuestionados públicamente o incluso en el fracaso de las iniciativas destinadas al desarrollo local.