Núcleos I+D+I: Del Estado del Arte a la Agenda Pública

Innovaciones Efectivas en Política Pública (NIEPP) 27 27 desde el ingreso hasta el egreso del sistema. Estos protocoles deben abordar procedimientos de emergencia, manejo de crisis, resolución de conflictos y atención de necesidades específicas, además de establecer mecanismos de denuncia confidenciales y sistemas de protección para quienes reporten vulneraciones de derechos. Por último, el quinto eje, referido al monitoreo, evaluación y participación, propone la implementación de un sistema de monitoreo del bienestar integral de los GEP, con indicadores específicos sobre bienestar material y subjetivo. Se sugiere realizar evaluaciones trimestralesque incorporen la percepción de las propias personas privadasde libertad,medianteencuestas de satisfacción y grupos focales periódicos que permitan una retroalimentación continua y colaborativa. Para fortalecer la participación, se recomienda crear comités representativos de cada GEP, con el fin de involucrarlos en la tomade decisiones sobre los programas y servicios que los afectan. Estos comités podrían constituirse como consejos consultivos en junto a organizaciones sociales, académicos especialistas y organismos de derechos humanos, para el seguimiento y evaluación de la política penitenciaria. VIABILIDAD E IMPLEMENTACIÓN Las recomendaciones propuestas son viables si se implementan de forma gradual, priorizando las zonas especialmente críticas según las estadísticas disponiblesyquelapresencia de población en situación de mayor vulnerabilidad. Se sugiere comenzar con un modelo piloto, abierto a ajustes, críticas y aportes de las personas involucradas, manteniendo el carácter participativo y comunitario del proceso. Posteriormente, este modelo podría ampliarse progresivamente al resto de los centros penitenciarios, que deberán contar con los recursos presupuestarios y las capacitaciones necesarias para una implementación efectiva de la nueva política penitenciaria. Este enfoque permitirá facilitar y acelerar las prácticas reparadoras planteadas, asegurando una aplicación coherente en todo el sistema. Para garantizar la sostenibilidad del proceso, resulta indispensable un trabajo coordinado entre todas las instituciones y niveles involucrados, destacando la colaboración como el principal factor para asegurar la viabilidad de las medidas. La institucionalidad responsable incluye la creación de una Unidad de Grupos de Especial Protección en la Subsecretaría de Justicia, la designación de coordinadores especializados en cada centro penitenciario y la conformación de un Consejo Nacional de Política Penitenciaria con participación intersectorial. La puesta en marcha de estas medidas contribuirá significativamente a mejorar el bienestar integral de los Grupos de Especial Protección, reducir la reincidencia y facilitar la reinserción social. Con ello, el sistema penitenciario chileno avanzará hacia un modelo alineado con los estándares internacionales de derechos humanos, generando beneficios tanto para las personas privadas de libertad como para la seguridad y cohesión social del país.