Discapacidad y luchas politicas. Narrativas de activistas en Chile

102 Capítulo 05 blemas, como la falta de apoyos para la educación y las oportuni- dades laborales, que permita la subsistencia y el desarrollo de su autovalencia económica y su proyecto de vida. Hoy existen sub- venciones para las escuelas por tener estudiantes con discapaci- dad. Esto, si bien mejoró el acceso, también se hace por un interés económico por parte de los establecimientos más que por el inte- rés de incluir o trabajar con los y las estudiantes con discapacidad. Y la educación diferencial está disponible hasta los 26 años, luego de eso, los jóvenes vuelven a sus casas, muchas veces sin hacer nada. Entonces, estas organizaciones como forma de abordar esta situación hacen talleres para que mantengan actividades, pero no hay un desarrollo laboral que les permita la vida adulta. Por último, no se han dado las instancias para que las propias personas adultas autistas o con síndrome de Down se organicen. Más recientemente, tenemos algunas organizaciones dirigidas por las personas con diagnósticos de salud mental, pero no han sido muy constantes en su organización. Falta fortalecimiento de su rol de dirigencia y participación social. Faltan apoyos para mantener estas organizaciones, que puedan ser guiadas, acompañadas para cumplir los roles que tienen las organizaciones. Desde ese tiempo, hemos trabajado en conjunto con el muni- cipio. La Municipalidad de Concepción fue una de las primeras en formar un departamento de discapacidad. Cuando se promulgó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Chile la ratificó, sentimos un apoyo inmenso por parte de un orga- nismo de carácter internacional y estuvimos esperanzados en que el Estado de Chile estuviera obligado a generar los cambios nece- sarios. Y aun cuando la Convención es una herramienta legal que hemos usado para presionar a las autoridades, todavía no hemos logrado una política pública que garantice y cumpla con el tratado internacional que Chile aprobó y ratificó. Si bien es cierto debe- mos reconocer que ha habido avances, sigue siendo insuficiente la fiscalización del cumplimiento de las leyes creadas para estos efectos (Ley N°20.422 y Ley N°21.015, entre otras).