Las responsabilidades de los Estados frente a la crisis climática. Litigios globales y derecho internacional

27 El rol del Derecho para lograr la Justicia Climática hacia estructuras de financiación más justas, e insta a que se refuer- ce para garantizar que los países desarrollados —históricamente responsables de la mayor parte de las emisiones— realicen contri- buciones más sustanciales a los esfuerzos de financiación. Sostie- ne que el principio CBDR, arraigado en la Declaración de Río de 1992, debe aplicarse al Fondo de Pérdidas y Daños de forma que refleje las contribuciones históricas efectivas y las capacidades eco- nómicas de cada Estado. Al implementar este principio, Martinic Cristensen prevé un marco de financiación que aborde eficazmente las necesidades financieras y técnicas de los países en desarrollo. El capítulo concluye subrayando la importancia de un enfoque equitativo para la financiación de pérdidas y daños, donde los esta- dos desarrollados asuman una mayor responsabilidad no solo me- diante contribuciones directas, sino también facilitando el acceso a los recursos para las comunidades vulnerables. La autora hace un llamado a la transparencia, la rendición de cuentas y una toma de decisiones inclusiva dentro de la gobernanza del Fondo, defendien- do que este enfoque es fundamental para cerrar la brecha entre la retórica y la acción en materia de justicia climática. 5. LA IMPERATIVIDAD DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA DELIBERACIÓN INTERNA PARA ABORDAR LA JUSTICIA CLIMÁTICA Lograr la justicia climática y proteger los derechos humanos en el marco de la transición ecológica requiere una respuesta global coordinada. Si bien los tribunales internacionales y los gobiernos nacionales desempeñan un papel crucial, la cooperación interna- cional es esencial para abordar la naturaleza transfronteriza de los impactos climáticos. El Acuerdo de París representa un paso signi- ficativo hacia dicha cooperación, cuyas disposiciones sobre finan- ciación climática, transferencia de tecnología y desarrollo de ca- pacidades buscan apoyar a los países en desarrollo en sus esfuerzos climáticos. Sin embargo, como se argumenta en este volumen, aún