Libro de Actas. 2° Congreso de Educación y Pedagogía

Libro de Actas 2° Congreso de Educación y Pedagogía de la Universidad de Chile. CEDUP 2025 Santiago, Chile 15-17 enero 2025 30 El Programa de Alimentación Escolar tiene en su origen las luchas históricas del movimiento social por el hambre y la miseria (Illanes, 1991; Grez, 2007; Elgueda, 2022; Egaña, 2022). En 1964 se funda la JUNAEB, entidad estatal que buscaba reunir y fortalecer las distintas iniciativas de auxilio en una política de Estado que, durante el gobierno de la UP, constituyó el apoyo fundamental al proyecto educativo emancipador, en el cual la educación era la herramienta para la construcción del “nuevo hombre y el nuevo trabajador” (Illanes, 1991). Tras el golpe de Estado, argumentando una descentralización del servicio, considerado ineficiente, se externaliza por medio de licitaciones y ventajosos contratos a empresas con fines de lucro. En 1981 ya había nueve concesionarios. Los cuatro más grandes concentraban casi el 90% de las raciones entregadas (Illanes, 1991). Los gobiernos posdictadura se limitaron a hacer una serie de ajustes al sistema de concesión, buscando hacerlo transparente, competitivo y de calidad, sin embargo, los resultados fueron mayor concentración. Según los datos públicos por transparencia, 26 empresas participan del PAE en la educación obligatoria. Entre el 2014 y 2021 se puede observar que 11 empresas concentraron aproximadamente el 75% de las raciones entregadas a las escuelas. Algunas de estas empresas han estado presentes en el mercado, o se encuentran asociadas directa o indirectamente, a otras empresas concesionarias que operan en otras comunas y regiones, estableciéndose así un control concertado del mercado (Foro por el Derecho la Educación Pública, 2024). El caso de los textos escolares ilustra una situación similar. Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973), el fomento del libro y la cultura a las clases trabajadoras fue una preocupación y prioridad. La idea política de Allende sobre los textos escolares fue fomentar la lectura en la población en general, donde la presencia estatal estuviera en su producción, pero sin coartar la elección de estos. Esto se ve reflejado en su propuesta de reforma constitucional (Allende, 1973/1993) que finalmente no se concretó producto del golpe de estado. La dictadura militar, introdujo la externalización basado en las licitaciones a empresas editoriales en la producción del texto, donde el Estado se limita entregar especificaciones como los tipos de colores, ilustración, letra, papel y encuadernación (Subercaseaux, 2000). Este sistema se fue perfeccionando durante los gobiernos postdictadura, incluso introduciendo procesos de marketing como el pago por publicidades. Al año 2023, las empresas editoriales transnacionales poseen casi 80% de la producción de