Sequía y escasez hídrica: mejoras institucionales y regulatorias en materia de aguas

298 PAULA CANDIA - NATALIA JULIO - CAMILAMARTÍNEZ - VIVIANA REYES - PABLO ARANDA Págs. 269 - 308 C apítulo III: G obernanza de las aguas y usos productivos en el nivel normativo del Código de Aguas; sin embargo, consideramos que dichas acciones han comenzado a transicionar correctamente con la última modificación del instrumento señalado, por lo que no se profundi- zará en ello. La primera acción señalada es la de mayor relevancia para comenzar a integrar a las CdC en el modelo de gestión chileno, pudiéndose avanzar en su implementación voluntaria para transitar con mayor facilidad luego del cambio institucional. Al respecto, es necesario señalar que, de acuerdo al modelo propuesto por Fundación Newenko, se plantea comenzar con de carácter voluntario, idealmente de distintas regiones y zonas. Como ya se indicó, se sugiere comenzar en cuencas donde ya exista algún tipo de acercamiento o instancia de diálogo entre los actores que gestionan el agua. Lo anterior obedece a que las corporaciones, bajo el modelo propues- to, tienen su núcleo central inicial en las organizaciones que actualmente gestionan el agua, como son las OUA en sentido amplio, y los servicios sanitarios rurales (SSR), en coordinación con la Gobernación Regional. Una vez que las mesas de coordinación conjunta inicien los acercamientos, acomodos, acuerdos voluntarios y visiones generales de la gestión de agua para la cuenca, se sugiere incorporar formalmente a actores públicos loca- les y regionales, como son los municipios y los gobiernos regionales. En una tercera etapa, deberían sumarse otros actores privados, representantes de todos los interesados de la cuenca (con o sin DAA, o el título que lo reemplace dentro del modelo), especialmente las sanitarias, los sectores productivos, turismo, ONG ambientales y la academia. Finalmente, se su- giere el ingreso de todos los actores públicos de la cuenca, como son los servicios públicos regionales relacionados o aquellos que cumplan alguna función o tengan alguna atribución. Mientras se realiza esta implementación voluntaria de las corporacio- nes, en paralelo debe comenzar la generación del proyecto de ley que las formalice legalmente. Si bien el ingreso de este proyecto o proyectos de ley se catalogan como acciones de corto plazo, su tramitación, implemen- tación y evaluación se consideran acciones de mediano (diez años) a largo plazo (más de diez años). Es por ello que la implementación inicial volun- taria toma especial relevancia si consideramos la actual crisis hídrica que afecta al país y la necesidad de avanzar en acciones concretas que permitan caminar hacia lograr una seguridad hídrica.