Política y sociedad en Chile 2023-2024

Manuel Antonio Garretón y Silvia Lamadrid (Coords.) - 60 - claro que las bases económicas del sistema tienen excelentes defensores en el Parlamento. Los dineros de las grandes empresas se han vuelto intocables. En ese contexto, el anuncio del envío de un proyecto de ley de aborto legal invita a preguntarse qué se busca al retomar esta promesa de campaña. Desde luego, es una propuesta que alegró a todos los sectores que son parte del “nú- cleo duro” de apoyo a Boric, ese que lo mantiene con una aprobación baja, es cierto, pero superior a Piñera y Bachelet en sus peores momentos. Y desde luego, a las feministas de dentro y fuera del Gobierno, para las cuales esta es una demanda clave, y que, después de la derrota de la propuesta constitucional 1, habían visto perder la posibilidad de que los derechos sexuales y reproduc- tivos, incluyendo la capacidad de las mujeres de decidir sobre sus propios cuerpos, quedara consagrada a nivel constitucional. En marzo del año 2022 lamentaban el retroceso en el proyecto de ley de aborto libre, expresado en que el Ministerio de la Mujer y EG declarara que “tal materia no era prioridad”. El mismo Gobierno había puesto en primer lugar de sus compromisos con el feminismo otros temas, igualmente claves, pero menos confrontacionales, como la elaboración del Sistema Nacional de Cuidados, “mediante el cual el Estado ofrecerá redes de apoyo e impulsará un cambio social que distribu- ya más equitativamente las tareas de cuidado, las cuales históricamente han recaído en las mujeres, sin recibir reconocimiento ni remuneración alguna”. También han realizado cambios legales importantes en relación con la violen- cia de género y han insistido en la tramitación de la ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y destacan la promulgación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos. Dentro del aparato del Estado han impulsado los temas de género y el diálogo con la sociedad civil, utilizando para ello todos los instrumentos normativos con que cuenta el Ejecutivo. El Gobierno, en materias de género, parecía haberse conformado con avanzar “en la medida de lo posible”. No había nada en el escenario político que permitiera esperar el sorpresivo anuncio de reponer un tema que es sabido que no cuenta con apoyo mayori- tario en el Parlamento, ni tampoco en la opinión pública, como lo muestran los resultados de diversas encuestas. En los resultados que entrega la Encuesta Bicentenario de la Universidad Católica, entre 2006 y 2023, si bien el rechazo al derecho de las mujeres a realizarse un aborto en toda circunstancia ha disminuido y la aceptación ha aumentado, la posición mayoritaria es de aceptación solo en determinadas circunstancias. Por cierto, estas tendencias pueden cambiar, y cambiaron efec- tivamente después de 2011, como se puede apreciar en la figura 1.