Política y sociedad en Chile 2023-2024

Manuel Antonio Garretón y Silvia Lamadrid (Coords.) - 174 - análisis reciente del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL – COES/ UAH) muestra que, luego de un 2022 en donde el número de huelgas alcanzó su mínimo histórico desde 1990 (179 huelgas), el año 2023 dicho número subió hasta 261 huelgas. Este repunte no es menor, ya que parece haber in- terrumpido la tendencia a la baja observada en el periodo 2020 – 2022. En segundo lugar, el rol dinamizador que está intentando cumplir la CUT debe ser analizado con atención, porque cuando el movimiento sindical es parte activa de la vida pública del país, este movimiento puede ayudar a empujar las reformas redistributivas demandadas por la mayoría del país y que, por falta de capacidad o voluntad, el actual sistema político no ha implementado. Esto es, precisamente, lo que ocurrió luego del llamado a paro nacional del 11 de abril de 2024. Una de las principales demandas de dicha movilización fue que el gobierno de Gabriel Boric cumpliera su promesa de proponer una reforma al sistema de relaciones labores existente en Chile desde 1979 (parti- cularmente, una reforma para promover la negociación colectiva por rama de actividad económica, restringida legalmente desde la implementación del Plan Laboral de 1979). Luego de dicha movilización, el presidente Boric anunció formalmente que iba a preparar dicho proyecto para enviarlo a fines de 2024 o inicios de este año. Es probable que el anuncio del Gobierno (que hasta el día de hoy no ocu- rre) se tome la agenda laboral de 2025. Esto producirá varios desafíos al inte- rior del movimiento sindical durante 2025. En una investigación que realicé y que fue publicada recientemente, muestro cómo terminar con el Plan Laboral de 1979 ha sido la principal demanda de los sindicatos desde el retorno a la democracia. Junto con esto, muestro cómo, a pesar de que prácticamente todas las coaliciones de partidos progresistas (incluida la liderada por Gabriel Boric) han incluido reformas de ese tipo en sus programas de gobierno, nin- guna de ellas ha podido transformar sustancialmente las leyes contenidas en el Plan Laboral. Las razones de ello son muchas y complejas, y van desde falta de voluntad política de las administraciones de centroizquierda y la oposición inflexible de los empresarios a tal tipo de reformas hasta la incapacidad del propio movimiento sindical para resolver sus tensiones político-estratégicas respecto a cómo actuar frente a los gobiernos que proponen las reformas. Este último punto es central, ya que, según muestro en la investigación, las dificul- tades de la clase trabajadora organizada en sindicatos para actuar unitariamen- te como clase contrasta sustancialmente con la capacidad de los empresarios para actuar unificadamente bajo el alero de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Esta disparidad en la capacidad de la CUT y la CPC para construir “poder asociativo” (es decir, poder basado en la organización colectiva de sus miembros) es clave para entender la falta de reformas laborales prosindicales profundas en el país.