Derechos humanos en Chile. Pasado, presente y futuro

65 el conflicto social y de canalizarlo por vías jurídicas. 23 A pesar de ello, Ibáñez impuso un régimen personalista que utilizó ampliamente la represión política, el encierro de opositores y el exilio forzado. En este sentido, la normativa fue contradictoria: por un lado, permitía la organización sindical, pero por otro restringía duramente la huelga y mantenía al Estado como árbitro con amplio poder de intervención. La respuesta de los trabajadores fue fortalecer sus es- tructuras organizativas. En 1936 se fundó la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), bajo el liderazgo del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, que promovía la unidad del movimiento obrero y una agenda de transformaciones estructurales. A pesar de sus esfuerzos, la CTCH enfrentó persecuciones recurrentes, especialmente durante los gobiernos radicales. El periodo de los gobiernos del Frente Popular (1938-1958), iniciado con el presidente radical Pedro Aguirre Cerda, también fue un periodo de fuerte polarización ideológica. Estuvo marcado por hechos como la Matanza del Se- guro Obrero en 1938, en el que jóvenes del Movimiento Nacional Socialista chileno fueron asesinados por Carabineros luego de un intento de golpe de Estado. A partir de la década de 1940, y especialmente con el inicio de la Guerra Fría, el Estado chileno adoptó una postura más agresiva hacia las organizacio- nes sindicales vinculadas al comunismo, que derivó en persecución política y legislación antisindical. Durante el gobierno de Gabriel González Videla, se promulgó en 1948 la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, conocida como «ley maldita», que ilegalizó al Partido Comunista y expulsó a sus mili- tantes de cargos públicos, incluyendo a dirigentes sindicales. El Estado utili- zó la vigilancia, el encarcelamiento, la censura y el exilio como instrumentos de control político. El aparato de seguridad se consolidó como herramienta represiva bajo el discurso anticomunista, con el apoyo de sectores conserva- dores y empresariales. La aplicación de esta ley provocó la disolución forzada de sindicatos y la detención de cientos de dirigentes obreros. Muchos fueron relegados a zonas del norte del país o enviados a campos de concentración, como el de Pisagua. Es importante señalar que, en 1949, como resultado de décadas de lucha del movimiento de mujeres por la obtención de derechos políticos, González Videla promulgó la ley de sufragio femenino para elecciones presidenciales y parlamentarias. No solo esta conquista fue apropiada como una de las obras 23 Mario Garcés, El movimiento obrero y el Frente Popular (1936-1939) (LOM, 2018).