Derechos humanos en Chile. Pasado, presente y futuro

31 institucionalidad compleja que permita el libre y pleno ejercicio de los dere- chos humanos. En los últimos años, Chile ha ido avanzando progresivamente para desarrollar un cuerpo integral de instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos. Por una parte, tenemos mecanismos judiciales que operan una vez que las violaciones de derechos humanos han ocurrido y para prevenir que ocu- rran ante casos de amenaza. Aunque todos los tribunales de justicia tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación, hay dos mecanismos especiales contemplados en nuestra legislación cuyo objetivo primordial es la protección de derechos humanos, que son las acciones cons- titucionales de protección de derechos. En el caso de Chile están consagradas en la Constitución y son principalmente dos: acción de protección y acción de amparo (también existen acciones para derechos específicos vinculadas a la protección del medio ambiente y los datos personales). La acción de protec- ción permite resguardar los derechos cuando estos sean privados, perturba- dos o amenazados, acudiendo a la Corte de Apelaciones respectiva para que tome todas las medidas necesarias para reestablecer el derecho afectado. Por otra parte, la acción de amparo está dirigida a proteger especialmente el dere- cho a la libertad y seguridad personal cuando esta sea afectada o amenazada. Por otra parte, fuera de los mecanismos judiciales, tenemos la institucio- nalidad pública destinada a garantizar que los organismos públicos velen por el respeto a los derechos humanos y protejan a las personas. A través de estas instituciones específicas el Estado cumple sus funciones de promover, respe- tar y proteger los derechos. Dentro de la institucionalidad pública, podemos distinguir aquellos organismos que son parte de la estructura gubernamental y aquellas entidades autónomas. Dentro de los primeros podemos mencio- nar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, y la Dirección de Derechos Humanos, del Ministerio de Relacio- nes Exteriores. La institucionalidad autónoma está compuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez. Asimismo, otros entes autónomos, como la Fiscalía Nacional o la Defensoría Penal Pública, disponen de unidades especializadas en el ámbito de los derechos humanos, que orientan la política de la institución. La Subsecretaría Nacional de Derechos Humanos depende del Ministerio de Justicia y tiene como principal misión concentrar la función de proponer y coordinar las políticas públicas en el ámbito de los derechos humanos. La crea- ción de dicha institución responde a la necesidad de generar e implementar una