Derechos humanos en Chile. Pasado, presente y futuro

144 medio desde el inicio del estallido social, de acuerdo a cifras del propio Minis- terio Público, de los 10.142 casos por violaciones a los derechos humanos han existido 59 sentencias condenatorias, lo que representa solo un 0,58%. Sin duda un escenario de mucha impunidad. Otro problema respecto a la falta de justicia ha sido que tanto la fiscalía como los tribunales han rehuido calificar los hechos como tortura. Un caso bien emblemático para ejemplificar lo anterior es el de Mario Acuña Mar- tínez. El 23 de octubre de 2019, Mario Acuña Martínez participaba en una protesta en una plazoleta de Buin cuando llegó un furgón de Carabineros que sorprendió a los manifestantes. Mario fue conminado por un grupo de efecti- vos a tirarse al suelo y en esa posición fue brutalmente golpeado en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza. Visiblemente lesionado, fue abandonado en el lugar. Después de permanecer varios meses en coma, Mario quedó con daño neurológico irreparable y requiere asistencia médica de por vida. Sin duda, no se trata de un simple caso de violencia policial, sino de uno de inusitada brutalidad que se comete en contra de una persona que es inmo- vilizada exclusivamente para recibir castigos físicos. No obstante, la Fiscalía no dimensionó correctamente el fenómeno criminal y desestimó perseguir el delito de tortura. Lo mismo ocurrió con los tribunales, en la sentencia en que se condenó por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. De todas formas, a diferencia de la mayoría de las senten- cias, en este caso se determinó por parte del Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo para los perpetradores una pena de 12 años y 183 días para los dos imputados. Ello puede considerarse una sanción que de alguna forma se hace cargo del nivel de daño causado. El caso de los altos mandos de Carabineros Lo que sucedió en Chile durante el estallido social no fueron actos aislados de algunos agentes policiales, ni tampoco puede desvincularse del contexto regional en los últimos años. A lo largo de América, hemos sido testigos de manifestaciones donde los derechos humanos han sido violados de manera reiterada por las fuerzas de seguridad, como ocurrió en Perú en las marchas en diciembre de 2022 o en Colombia en mayo de 2021, donde la represión policial a manifestantes fue desproporcionada y brutal. Tanto respecto a Chile como a Perú, organizaciones de derechos humanos han planteado la necesidad de esclarecer la responsabilidad de los altos man-