Saludo Global. El escenario actual y perspectivas a futuro

101 en muchas de las instituciones con responsabilidades ambientales. Al abordar los problemas ambientales de escala global, en especial los que surgen como resultado del proceso de globalización, las instituciones deben poseer varias capacidades, incluida la capacidad de identificar y definir las causas de los pro- blemas ambientales, crear conciencia sobre ellas, redactar reglas y crear normas de comportamiento que conduzcan a la solución de los problemas, formular opciones de políticas, facilitar acciones de cooperación entre gobiernos y otros actores, financiar y apoyar actividades y desarrollar sistemas de gestión, de ma- nera que la política ambiental nacional y global refleje el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Existe un principio fundamental para un planeta más saludable y sos- tenible: la participación ciudadana. Esta última puede promover la calidad ambiental porque proporciona un medio para organizar la acción y motivar a las personas y comunidades; permite a las comunidades dar forma a políticas y proyectos para satisfacer sus prioridades, mejorar su entorno y promover el uso sostenible de recursos, y la participación en la planificación brinda a las comunidades la posibilidad de influir en las decisiones sobre el uso de recur- sos limitados. Las estructuras políticas participativas son un freno al abuso del medio ambiente, ya que los ciudadanos con derechos y conocimientos claros y acceso a un sistema legal que permita una reparación rápida pueden ejer- cer una poderosa restricción sobre aquellos que contravengan las regulaciones ambientales y de salud. Las instituciones locales y nacionales encargadas de la protección del medio ambiente podrían utilizar el proceso de globalización de forma constructiva, evaluando el potencial local, junto con las comunidades, e integrándolo en las estrategias de desarrollo de los territorios. En este sentido, no es posible terminar este capítulo sin mencionar el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”: el Acuerdo de Escazú. Este pacto tiene por objetivo“garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnera- dos”, consagrando el deber de garantizar la participación de las comunidades, de manera significativa y temprana, en las diferentes instancias de los procesos de tomas de decisiones ambientales. Este acuerdo fue firmado en 2018 por 22 países de la región, y a pesar de que, en el año 2020, Chile anunció públicamen- te su rechazo al acuerdo, una de las primeras acciones del nuevo gobierno que asumió el año 2022 fue firmar el mensaje para la adhesión nacional al Acuerdo de Escazú. Su adopción definitiva requiere de la aprobación del Congreso Na- cional, por lo que tendrá que pasar por ambas cámaras antes de que se convierta en ley. Se espera que las voluntades políticas se alineen con esta valiosa oportu- nidad para posicionar a Chile nuevamente como un actor relevante en el tema