Salud Global. Los riesgos para Chile y América Latina

SOLIMANO & RAMIREZ 110 el resultado iría mejorando paulatinamente. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes si consideramos que el AUGE a casi 10 años de iniciarse, todavía constituye menos del 30% del gasto total en salud pública (9). Por otra parte, no encontramos políticas públicas relevantes y de impacto en la regulación y uso de patentes farmacéuticas, lo que nos confirma que avanzamos lento y de manera indirecta en el tema. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que en nuestro país, la política de medicamentos, vigente desde el 2004, ha promovido que el MINSAL a través de la Central Nacional Abastecimiento (CENABAST) y el Instituto de Salud Pública dicte una serie de disposiciones y haya destinado recursos para garantizar el acceso y disponibilidad a los fármacos, calidad de estos e incluso la renovación del listado de drogas esenciales (MINSAL, 2011b), así como la sensibilización y promoción de buenas prácticas en la implementación de reglamentos relativos a fármacos y dispositivos médicos. Asimismo, es importante mencionar que la OMS establece en sus informes que la problemática ha ido evolucionando y “si bien hace 10 años la atención estaba centrada en el acceso a los medicamentos para las epidemias infecciosas, el debate ahora se ha ampliado para abarcar una política de innovación y una gama más amplia de enfermedades y tecnologías médicas” (WHO et al., 2013). Es cada vez más necesario que los responsables de la formulación de políticas comprendan la compleja interacción entre las distintas disciplinas científicas, las políticas públicas, el resguardo de intereses intelectuales y privados, y distintos enfoques culturales y necesidades epidemiológicas y demográficas locales. Un enfoque integrado puede reforzar una interacción dinámica y positiva entre las medidas de promoción de la innovación e investigación científica y las que garantizan el acceso a tecnologías médicas esenciales (WHO et al., 2013) y con ello asegurar el derecho de la población a acceder equitativamente a medicamentos que garanticen el cuidado y bienestar de su estado de salud.