Libro blanco del audiovisual comunitario en Chile

258 Chiara Sáez y Jorge Avilés populares desde fines de los años 80, por ejemplo, indica que el reconocimiento no necesariamente es la demanda más estratégica, ya que en su caso legal ha tenido como correlato una disminución en el número de experiencias y un debilitamiento del sector. Según el investigador Óscar Aguilera (1997) en abril de 1990 la Asociación Nacional de Radios Populares (Anarap) contabilizó 58 experiencias radiales en el país, de las cuales 32 pertenecían a la región Metropolitana y 26 a regiones. En 1994 se promulgó con el nombre de Ley de Radios de Mínima Cobertura, un marco jurídico que resultó muy restrictivo para regular las radios comunitarias: asignación de un watt de potencia, antenas de seis metros de altura máximo, prohibición de publicidad de cualquier tipo, concesiones por tres años, entre otros. Esa norma generó, a su vez, un quie- bre en la propia orgánica de coordinación de las radios comunitarias, que terminó separada en dos asociaciones distintas: Renarcom y Anarcich. A finales de 1996 se habían otorgado únicamente 31 concesiones de mínima cobertura (Aguilera, ibid.) y en enero de 2000 aumentaron a 76 (Aguilera, Yánez y Rodríguez, 2001). García (2022: 19) sostiene que “si bien durante la década del 2000 hay un aumento del número de concesiones, llegando hasta un total de 380 en 2010”, ese año dejan de adjudicarse este tipo de concesiones, en un contexto en que solo una parte de las radios de mínima cobertura se corresponde con proyectos de comunicación comunitaria. En 2010 se aprueba la Ley de Radios Comunitarias y Ciudadanas, que significaba una ampliación del alcance