Perspectivas del multilateralismo

Seguridad y derechos humanos en América 43 características principales, en cuanto que los problemas internos que presente un Estado pueden evolucionar al grado de afectar a otros países no sólo de su región sino de otros puntos geográficos, por lo que las políticas y estrategias con que se aborden dichos desafíos deben ser pensadas y aplicadas de manera coordinada por los Estados de modo a mitigar sus efectos negativos y lograr mejores soluciones a los mismos, y los agentes determinantes o generadores podrían tener su origen en más de un territorio y el progreso y avances de ciertos sectores o factores podrían no ser suficientes para lograr los resultados deseados si no se aúnan es- fuerzos por parte de los países afectados. En cuanto a la seguridad ciudadana, conforme al Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 2009, «la seguridad ciudadana aparece estrictamente sólo como una de las dimensiones de la seguridad humana» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009) en vista a que como lo menciona, se la define según lo elaborado en el ámbito del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de la siguiente manera: la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (...) De este modo, es la ciudadanía el principal objeto de la pro- tección estatal. En suma, la seguridad ciudadana deviene una condición necesaria —aunque no suficiente— de la seguridad humana que, finalmente, es la última garantía del desarrollo humano. Por consiguiente, las intervenciones institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia (políticas de seguridad ciudadana) pueden conside- rarse una oportunidad indirecta pero significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos.