Perspectivas del multilateralismo

Ana María Moure 34 Por su parte, la Junta se transformó en la Secretaría General de la Comunidad Andina y pasó de ser el órgano técnico al órgano ejecutivo del Acuerdo, a cargo de un Secretario General. Los actos jurídicos del órgano ejecutivo son las Resoluciones, que también forman parte del ordenamiento comunitario. Partici- pan también del SAI la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de Reservas, los Convenios Simón Rodríguez e Hipólito Unánue, la Universidad Andina Simón Bolívar y los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral. Todos ellos, salvo los Consejos Consultivos, mantienen vinculaciones formales con el Acuerdo de Cartagena, aunque con sus propios instrumentos constitutivos (Comunidad Andina, 2017, pp. 33 y seg.). La finalidad del SAI es permitir una coordinación efectiva entre todos los órganos e instituciones para profundizar la integración andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas al proceso. Con el fin de lograr la mejor coordinación del SAI, el presidente del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores convoca y preside la Reunión de Representantes de las instituciones que conforman el sistema, la cual se realiza al menos una vez al año y, en forma extraordinaria, cada vez que lo solicite cualquiera de sus instituciones que lo integran. Destacamos además, la aprobación de la Carta Andina para la Paz y la Seguridad que establece los principios y compromisos para la formulación de una política comunitaria de seguridad en la subregión, así como la instauración de una zona de paz, las acciones regionales en la lucha contra el terrorismo y la limitación de los gastos de la defensa externa, el control de las armas convencionales y la transparencia. Otros hitos han sido, la aprobación de la Estra- tegia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino, la primera de carácter comunitario que adopta un grupo de países signatarios del Convenio sobre Diversidad Biológica, con el fin de facilitar la acción concurrente de los Estados, las comunidades indígenas, nativas afroamericanas y locales, el sector privado, la comunidad científica y la sociedad civil en esta materia y por último la adopción de la Carta Andina para la Promoción y Protección de