Perspectivas del multilateralismo

Yvonne Georgina Tovar Silva 182 algunas propuestas en la materia de cambio climático y transición energética, como los provenientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2021) o la Agencia Internacional de Energías Renovables (2022), por mencionar algunos, pueden ser un interesante punto de partida para determinar las posibilidades de colaboración técnica, política, económica y social en América Latina. A lo anterior, se podría sumar la necesidad de explorar nue- vas formas de colaboración, a partir de las necesidades, experiencia, inquietudes y particularidades de la región e identifiquen formas alternativas para alcanzar consensos en la toma de decisiones y medir los resultados de los acuerdos alcanzados a nivel regional, que a su vez podría coadyuvar a que a través del multilateralismo, América Latina también puede tener un mayor peso geopolítico en materia energética, y no limitarse al papel pasivo, basado en una industria extractiva y dependiente de capital extranjero. Precisamente Zambrano Jáuregui (2013), al advertir sobre los desafíos del sistema apuntaba la gran divergencia de intereses y posiciones del sistema internacional, apuntaba a la necesidad de buscar un nuevo marco de cooperación que, además de los inevi- tables equilibrios de poder, tenga en cuenta la diversidad de los desafíos actuales y la necesidad de reafirmar un modelo normativo sobre una base democrática y de respeto a los derechos humanos. Para el referido autor, el punto central para fortalecer el multilate- ralismo es generar una mayor legitimidad de los procesos de toma de decisión, mecanismos de diálogo y consulta, así como otras herramientas comunes en la disciplina de resolución de conflictos para integrar a más actores que no sean sólo los Estados y, de esta manera, sea posible la democratización de los foros multilaterales para permitir que las opiniones y necesidades de los ciudadanos sean manifestadas e incluidas. En estos ejes es importante favorecer la colaboración entre el sector público, privado y social en América Latina, con la finalidad de encontrar soluciones conjuntas relacionadas con la tecnología y las inversiones en materia de transición energética, e incluso, trazar el enfoque transversal en materia de protección a derechos humanos