Manual de apoyo sobre derechos, autonomía y vida independiente en servicios residenciales

47 entorno de atención comunitaria. Se debe brindar capacitación al personal para ayudarles a identificar si las personas a las que apoyan están en riesgo de explotación y abuso y cómo denunciarlo. Sexualidad y discapacidad desde una perspectiva de género Niñas y mujeres con discapacidad a nivel global se ven con frecuencia privadas del control sobre su salud sexual y reproductiva, y de la posibilidad de tomar decisiones al respecto (Naciones Unidas, 2016a). En el caso de aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial, arreglos formales e informales dificultan las relaciones sexuales y tienden a impedir la elección sexual así como también el acto de consentimiento (Arstein-Kerslake, 2019). Comparativamente a gente de su misma edad, las personas con discapacidad intelectual tienen menos herramientas para diferenciar entre relaciones abusivas y consentidas, pues han sido expuestas a menos formación y conocimiento en casi todo aspecto relacionado a lo sexual (Onstot, 2019). Hay evidencia del significativo riesgo que enfrentan particularmente mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial por situaciones de abuso, al no saber identificarlo o distinguirlo por no haber sido antes expuestas a elecciones sexuales vinculadas a una relación sexual apropiada (Arstein-Kerslake, 2019). En general, a las personas con discapacidad intelectual se les cuestiona la capacidad de dar consentimiento (Montenegro, 2019), pero hay tres justificaciones para las prácticas contemporáneas e históricas de limitación del consentimiento sexual que resultan falsas: (1) prevendría el sexo y el abuso sexual; (2) las personas sin discapacidad estarían más equipadas para tomar decisiones sobre la sexualidad; y (3) las personas con discapacidad intelectual serían cognitivamente como niños (Onstot, 2019). Para hacer frente a la violencia sexual diversas autoras ponen en relieve particularmente la implementación de una educación sexual integral y accesible a lo largo de toda la vida, y no reservada solo para quienes puedan aprobar los procesos de valoración de capacidad de consentimiento (Moras, 2013; Onstot, 2019). Lo que se requiere frente a las elecciones sobre prácticas sexuales es orientación y educación sobre el tema, a partir del reconocimiento y facilitación de la capacidad de todas las personas para tomar decisiones (Naciones Unidas, 2016a). La educación sexual integral y accesible permite ampliar la cobertura de temas y fortalecer la capacidad de consentimiento sexual, cuya medición en casos de discapacidad intelectual se sugiere suceda temprana y continuamente, antes de que las personas devengan sexualmente activas, manifiesten conductas socialmente inapropiadas, y/o hayan experimentado situaciones de violencia sexual (Moras, 2013). Hacerlo luego de la emergencia de estos problemas conduce frecuentemente a aumentar la percepción de vulnerabilidad, proteccionismo y paternalismo. Por último, se promueve practicar el “self- advocacy sexual” (Moras, 2013), entre cuyos principios están: (1) aprender a comunicarse efectivamente sobre sexualidad; (2) explorar recursos de salud sexual (como educación sexual integral y cuidado de salud reproductiva); (3)