Casta y sumisión. Chile a 50 años de la Reforma Agraria

Estado, terratenientes y campesinos / Octavio Avendaño – 39 do. Hacia fines de la década, en cambio, los campesinos sindicalizados no alcan- zaba a superar el 18 % respecto de los afiliados en 1973, y el número de cooperati- vas alcanzaba a 60, las que continuaban funcionando pese a carecer de apoyo por parte del Estado (Crispi, 1980:5; Silva, 1988). Respecto de la asignación, entre 1975 y 1979, el Estado realizó la entrega individual de parcelas y pequeñas propie- dades a una parte de quienes integraban los asentamientos. Se estima que, de la totalidad de la superficie territorial perteneciente al sector reformado, se habría asignado solamente un tercio; del resto, un tercio sería devuelto a sus antiguos propietarios y el otro, vendido a particulares o transferido al Estado. Para llevar a cabo la asignación se creó un dificultoso sistema de postulación que, en primera instancia, dejaba fuera a los asentados en predios ocupados de manera ilegal y establecía como requisito el cumplir con un puntaje mínimo de selección (Silva, 1988). Dicho puntaje se calculaba tomando en cuenta aspectos tales como la edad, el número de cargas familiares, la posesión o no de título universitario, el haber desempeñado cargos de confianza al interior de un fundo, y otras cualidades personales, como competencia, iniciativa y responsabilidad. Aquellos que poseían mayores puntajes quedaban seleccionados de acuerdo al número de parcelas disponibles. Este sistema de selección a través de puntaje se tradujo en situaciones de desigualdad y restricción entre los postulantes, al privilegiar, por ejemplo, la posesión de títulos universitarios o el tramo entre los 30 y 40 años de edad. Otras desigualdades se presentaron en el momento mismo de la asignación, pues en algunas localidades se entregaba solamente la superficie territorial, sin vivienda ni medios de trabajo. En otras, en cambio, las diferencias estaban relacionadas con la capacidad productiva de los suelos. Hacia 1979, el número de parcelas asignadas alcanzaba solamente las 37.000, de un total de 90.000 contempladas inicialmente. Las parcelas no fueron en- tregadas en forma gratuita, ya que se dispuso que los asignatarios debían pagar su valor en un plazo de 30 años, con un reajuste del 6 % de interés anual. Del resto del sector reformado, parte importante se vendería a privados que supie- ron aprovechar la liberalización y desregulación del mercado de tierras. Este tipo de medidas creó las condiciones para la inversión y concentración territorial de algunas empresas, la mayoría de las cuales pertenecían a grupos económicos aso- ciados a capitales transnacionales. Según estimaciones realizadas por Emiliano Ortega, las autoridades de la época restituyeron 2174 predios, correspondientes a un total de 693.000 hectáreas (Ortega, 1987:38). Pese a este tipo de situaciones, al finalizar con los últimos resabios de la reforma agraria se terminaría por disol- ver casi por completo el antiguo latifundio debido al predominio que alcanzó la mediana propiedad y a la emergencia de una nueva “burguesía agraria”, que