Casta y sumisión. Chile a 50 años de la Reforma Agraria

32 – Casta y Sumisión autoriza el pago en diferido de las expropiaciones. Esta reforma constitucional es considerada clave para entender lo que ocurrirá en los dos gobiernos sucesivos, que decidieron expropiar los predios en manos de privados, que estuvieran mal trabajados y mal explotados. El hecho de que la reforma agraria se hubiese iniciado bajo un gobierno de derecha obedece a distintos factores y situaciones que se sucedieron a partir de la aprobación de las reformas políticas y electorales a fines del gobierno de Carlos Ibáñez, en 1958 (Gamboa, 2011). Estas reformas incluyeron, en primer lugar, la derogación de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que hizo posible integrar nuevamente al pc en la escena política nacional y facilitó la organiza- ción sindical y el derecho a huelga de los trabajadores agrícolas. En segundo lu- gar, el establecimiento de la “cédula única”, que permitió terminar con el control que ejercían los terratenientes y los partidos de derecha en las localidades rurales del país. Esta última reforma resultó ser clave para entender el declive que experi- mentaron los partidos Liberal y Conservador, además del Partido Radical (pr). Dicho sea de paso, partidos que bloquearon o vetaron iniciativas de cambio que fueron formuladas alrededor de 1938, al inicio del gobierno de González Videla y en los primeros años del gobierno de Ibáñez cuando se discutió uno de los pri- meros proyectos de reforma agraria presentados al inicio de esa administración. Luego de las reformas de 1958 se evidenció un significativo crecimiento de los partidos que promovían la reforma agraria, especialmente en las elecciones parlamentarias de 1961 y 1965, y presidencial de 1964. Este crecimiento, en el caso del pdc se produjo de manera exponencial. Por ende, la población campe- sina pasó a ser el principal foco de atención para la movilización electoral de los partidos de izquierda y del propio pdc. Es a partir de ese momento que surgen las principales federaciones y luego confederaciones campesinas controladas por ambos sectores. Además de las reformas políticas, también habría que considerar la Política de Alianza para el Progreso promovida por el presidente John Kennedy, luego de la Conferencia de Punta del Este efectuada en 1961, en la que se planteó la nece- sidad de impulsar la reforma agraria y la reforma tributaria en todo el continente, para evitar que se produjera algo similar a la Revolución cubana. Por último, el mismo año 1961, el obispo de Talca, Manuel Larraín, decidió distribuir tierras a familias que trabajaban en dos grandes haciendas de propiedad de la Iglesia cató- lica. De este modo, el obispo Larraín daba a conocer el compromiso que existía, de parte de la Iglesia, con los campesinos y la reforma agraria. Por todo ello, y tal como ha constatado Kaufman (1967, 1972), a la derecha y a los gremios, como la sna, no les quedó otra alternativa que ceder ante la presión por dicha reforma.