Las organizaciones de la sociedad civil y la descentralización en Chile

136 Reflexiones finales 1. El triple esfuerzo público, privado y social como claves futuras del desarrollo territorial El proceso de descentralización chileno es y será complejo. Como se ha mostrado históricamente la transferencia de competencias, responsa- bilidades y movilización de recursos a entidades subnacionales (enten- diéndose como los gobiernos regionales y municipios) ha presentado un sin número de dificultades, principalmente referidos a las debilidades de la «fuerza social territorial». También los marcos constitucionales y legales han provisto disposiciones aún incompletas para un proceso descentralizador concreto. Adicionalmente, la histórica y cultural «cen- tralización chilena» observa con desconfianza los avances descentrali - zadores, incluido el primer esfuerzo de plasmar una descentralización tan taxativa en un proceso de redacción para contar con una nueva Constitución Política. Así es como se ha ido constituyendo un proceso descentralizador chi- leno que definimos como una «asignatura pendiente». Pendiente en lo relativo al reconocimiento y contribución de fuerzas sociales propias desplegadas en cada territorio; pendiente de la legitimidad de las iden- tidades regionales y locales; pendiente de marcos normativos y legales más propicios para la acción pública y respuesta inmediata ante las diferentes demandas y necesidades de los territorios y, sobre todo, pen- diente de una práctica descentralizadora eficaz, eficiente y reconocida por las y los ciudadanos como parte de un proceso de construir un Chile mejor y más resiliente. Se va construyendo entonces, con «luces y no pocas sombras» una des- centralización que ha resultado más bien insuficiente, que requiere de tres desafíos simultáneos de mayor relevancia. Primero, una organiza- ción intra-gubernamental y estatal propiciadora de un marco normati- vo que haga coexistir el gobierno central con los gobiernos subnacio- nales. Segundo, una capacidad asociativa público-privada que viabilice la materialización del esfuerzo de crecimiento y, en consecuencia, el desarrollo a largo plazo en cada territorio y; tercero, una Sociedad Civil activa, fuerte y constituida en cada uno de los territorios como la «fuerza social» que complete el desafío descentralizador. El primer desafío implica un esfuerzo institucional de superar la jerar- quía vertical para abrirse a la existencia nacional de gobiernos regio- nales y municipios, y que requiere una gobernabilidad construida bajo esa coexistencia gubernamental, reconociendo una función más hori- zontal. Supone una «división del trabajo» gubernamental con compe- tencias y responsabilidades específicas y/ó compartidas y una relación simétrica cotidiana entre esas entidades gubernamentales. Exige mayor especificidad territorial y el despliegue eficaz de aquellas funciones pro - pias que los gobiernos subnacionales hacen más rápido y activo que el propio gobierno central. Todo lo anterior, implica superar una práctica histórica compleja y bastante poblada de «desconfianzas centralistas» y de competencias delegadas habitualmente condicionadas y analizadas desde una perspectiva fundamentalmente crítica. Este largo camino ha enfrentado en el último tiempo nuevas amenazas y no pocas di- ficultades. Especialmente cuando los gobiernos regionales gestionan una autonomía bastante relativa y deben coexistir con modalidades o figuras de delegación presidencial cotidiana, cuando el país se «enreda crecientemente» en un debate de competencias cruzadas y cuando la práctica de la destinación de importantes recursos públicos regionales a cierto tipo de entidades privadas cuestionables ha levantado un manto de dudas no menor sobre la descentralización. El segundo desafío ha sido tratado en un texto reciente. Existen bue- nos ejemplos de colaboración público-privadas en el país, como en las concesiones en infraestructura, en el enfrentamiento de los desafíos del cambio climático y los desastres socio-naturales y en el emprendimiento crucial que implica el salto al Hidrógeno Verde, la diversificación de nuestra matriz energética y la cuestión crítica del agua. Esos avances, sin embargo, no deben ocultar la aún insuficiente cooperación de es - tas esferas o redes de acción público-privada en el ámbito regional y local. Todavía se evidencia una carencia en instrumentos de planifica - ción y gestión territorial como las Estrategias Regional de Desarrollo (ERD) en regiones y los Planes de Desarrollo Comunal (PLADECOs) en las comunas que expresen una real y concreta carta de navegación compartida entre lo público y lo privado. Las experiencias de «acción ligada» son aún menores y se hace necesario ahondar en mayores «con- fianzas mutuas» al efecto. Probablemente el avance sucesivo en ideas compartidas, riesgos inversionistas asociados y desafíos de mayor com- plejidad de ambas esferas están en los próximos tiempos.