Las organizaciones de la sociedad civil y la descentralización en Chile

123 público, como hemos conocido el año 2023 el Caso Convenios o Caso Fundaciones mencionado en el previo Capítulo 2. Esta realidad constituye un abierto despropósito en que los organismos pú- blicos especializados, con trayectoria de vínculo con el mundo poblacional y sus entidades organizadas, terminan «delegando» su rol de interlocutor directo con dichas organizaciones y optan por subsidiar esa función a en- tidades privadas, muchas de las cuales han sido objeto de severos cuestio- namientos en tiempos actuales. Dinámica que se desarrolla dado que la rigurosa Ley de Presupuestos establece facultades especiales para transfe- rir recursos públicos a esas entidades. Teniendo así un «sistema» particu- larmente pernicioso, no sólo por los peligros de defraudación fiscal, sino porque no reconoce la fortaleza del sujeto social organizado ni tampoco la trayectoria de las entidades públicas, siendo estas «desprendidas» de su accionar directo en favor de entidades privadas y otras «sin fines de lucro». Ciertamente que no todas las entidades privadas y fundaciones son lo mismo y no es bueno generalizar, pero es una política general errada y finalmente es el país, la fe y confiabilidad pública y el movimiento social, los que pagan las consecuencias. En otras palabras, se pierde legitimidad institucional y baja la confianza de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en las políticas que surjan de esta. A su vez, los munici- pios, que debieran tener un rol interviniente en la materia, priorizando su acción directa, muchas veces caen también en la externalización de funciones de naturaleza, tradición y eficacia pública. Últimamente los gobiernos regionales, estimulados al parecer por débiles ejecuciones presupuestarias 372 , también han dejado de invertir recursos del FNDR y transferir parte importante de esos recursos a otras entidades. Por esto es que la fortaleza de las organizaciones sociales en torno a la lu- cha por la vivienda y un hábitat adecuado, parece que tuvo «un brillante futuro en su pasado» y, en los tiempos actuales, la lucha de los comités, la organización por la pavimentación, la recuperación de las áreas verdes, equipamiento urbano y espacios públicos, no aparece protagonizada por una sociedad civil organizada, estableciendo estas intermediaciones en el tiempo actual un dejo de nostalgia por un pasado mejor. 372 Véase la ejecución presupuestaria para los programas de inversión en los Gobiernos Regionales 2022-2023 en Dirección de Presupuesto (2023). Informe de Ejecu- ción Presupuestaria Mensual Febrero 2023. Biblioteca digital DIPRES. los grupos postulantes y los comités por vivienda. El que los SERVIU se hayan «desprendido» progresivamente de su relación directa con las organizaciones sociales es un hecho lamentable. Estas EGIS se fueron encargando de la relación con los comités y sus familias y género una «costosa e inadecuada» intermediación entre los comités y los propios SERVIU que son los que efectuaban esta tarea. Esta externalización de la función pública ha terminado afectando la vitalidad de las orga- nizaciones sociales, generando condiciones de opacidad respecto de la postulación a viviendas sociales y han producido una disminución en la práctica de la fuerza estatal y pública que resulta clave para estas acciones de política pública. Las EGIS evolucionaron hacia un rol de «entidades patrocinantes», también organismos privados que asumieron el acompañamiento de las organizaciones sociales. Esta intermediación es costosa y, en oca- siones, arriesgada cuando las negociaciones y gestión de conflictos no salen bien. En la historia organizativa de organismos e instituciones cooperadoras del Estado y el movimiento poblacional hay buenos ejemplos de las municipalidades, de la Corporación de la Cámara de la Construcción (CChCC), de Techo para Chile o de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Pero, las EGIS o los entes patroci- nantes son instituciones de tono menor, muchas de las que toman la representación de las familias demandantes de viviendas y aminoran el rol efectivo del sujeto social participativo. Esta «privatización» de las responsabilidades públicas atenta en la práctica con la dinámica histórica del protagonismo efectivo de las familias destinatarias del bien o servicio a recibir. En este periodo, en nuestro país se está escribiendo un capítulo muy complejo, donde se discute el rol de numerosas fundaciones, muy dis- tintas a las instituciones antes señaladas, las cuales se han ido constitu- yendo para «sustituir» en la práctica la función organizativa práctica con las familias carenciadas y/o en situaciones de alta vulnerabilidad, ya sean postulantes a viviendas sociales o familias que viven en campa- mentos y/o tomas. En este contexto actual, estas entidades están su- pliendo en gran parte el rol del Estado, y particularmente el MINVU y los municipios y/o gobiernos regionales en cuanto a asistir directa- mente el acompañamiento, los diseños y los proyectos de solución habi- tacional y urbana. Realidad que ha derivado en una situación costosa, en ocasiones de carácter inapropiado y defraudatorio para el accionar